La Moncloa trabaja sin descanso. El equipo de Presidencia del Gobierno prepara ya la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. El próximo 30 de octubre, el líder socialista se sentará a petición del PP en la comisión de investigación sobre la trama del «caso Cerdán». Los populares quieren que Sánchez explique el origen del dinero en metálico con el que el PSOE sufragó los gastos de representación a José Luis Ábalos y a Koldo García ante la sospecha de que podría tratarse de una fuente de ingresos irregular.

Por el momento, el Supremo, donde se instruye la causa, ya ha citado Mariano Moreno, exgerente, y a la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez. Sánchez quiere dar un golpe de efecto. Por eso, según fuentes gubernamentales, el presidente tiene en mente convertir el duelo en la Cámara Alta en una especie de debate para que los españoles confronten modelos. «Será un espectáculo», concede un ministro, porque Sánchez «tiene una agilidad mental espectacular para dar respuesta».

Por eso, además de la defensa al «barrizal» de corrupción, que en Moncloa saben que lanzará el PP, el equipo más estrecho del presidente tiene encima de la mesa fichas de economía, vivienda y servicios sociales para dejar al PP fuera de juego. Ese es el plan.

«El PP intentará crear hipérboles y encerronas en torno al tema de corrupción», cuenta un colaborador de Sánchez en Moncloa. Lo cierto es que algunos ministros se reservan la fecha para acompañar al presidente en el Senado, donde la expectación será máxima. Será la segunda vez que un presidente en ejercicio comparece en una comisión de investigación parlamentaria. Zapatero lo hizo en el Congreso en la del 11-M.

Pero Sánchez sí será el primero que lo hace por una causa de corrupción que afecta a su partido y a quienes fueron sus colaboradores más estrechos en Ferraz. El Senado, mientras, también se prepara. La Cámara Alta ampliará el espacio para la prensa, puesto que se convertirá en un plató gigante para retransmitir el duelo del presidente con un senador del PP aún por conocerse. El Senado también aumentará la seguridad, en coordinación con el equipo de Presidencia del Gobierno. El Ejecutivo y el propio Sánchez están convencidos de que no hay rival para el jefe del Gobierno.

El presidente no duda en mofarse de su adversario, de restarle importancia para minar su liderazgo. Y esa será la estrategia que siga en el Senado. Se trata de movilizar al electorado progresista, de volver al Sánchez del 23-J que, en los foros mediáticos más hostiles y contra todo pronóstico, supo desenvolverse con soltura y acelerar su remontada en las encuestas.

En el Gobierno cunde la percepción de que queda partido aún. Pese a los escándalos de corrupción que cercan al Ejecutivo, en Moncloa creen que el desgaste electoral será bastante limitado gracias al temor a la extrema derecha.

Sánchez busca encuadrar la próxima cita con las urnas en un dilema sencillo: si los votantes quieren echarle, deberán apoyar a Vox; si quieren evitar que la ultraderecha llegue al poder, deberán respaldarle a él. Esa es la estrategia, y no contempla términos medios. Por el momento, los sondeos no le dan los números que quiere. Pero en cuanto los tenga, pocos dudan de que es más que capaz de convocar las elecciones generales. Mientras, en el PSOE se sienten desconectados de la estrategia que se cocina en Moncloa. Desde que Paco Salazar salió del Ejecutivo, tras ser señalado por comportamientos inapropiados con las mujeres, no hay socialistas históricos en la estructura de Presidencia. Ya no hay un referente del PSOE, conectado con todas las federaciones del país, capaz de influir en interés de las siglas socialistas.

De un tiempo a esta parte, Ferraz y Moncloa están descoordinados. Se puede decir que el aparato de poder de Sánchez en el complejo de Semillas ha sido el que ha ganado la batalla. El presidente puso un cortafuegos cuando trascendieron los casos de corrupción e intentó que no salpicaran a Moncloa, consciente de que sería el partido el que sufriría una brutal crisis de imagen y reputación, por la que se vio obligado a pedir perdón desde la sede federal.