El Gobierno está a punto de llegar al ecuador del presente ejercicio parlamentario y lo hará sin presentar –ni intención de hacerlo– Presupuestos Generales del Estado y sin someterse al Debate sobre el Estado de la Nación (DEN). Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN aseguran que todavía no hay una fecha fijada, al respecto, y restan trascendencia a esta gran cita parlamentaria, asegurando que Sánchez es el presidente que más ha comparecido en sede parlamentaria.

La última vez, a cuenta del apagón y el gasto en Defensa el pasado 7 de mayo, por lo que fuentes de su entorno consideran que no está dentro de su orden de prioridades actual. Lo cierto es que el jefe del Ejecutivo es reacio a participar en el DEN. Huyendo sistemáticamente de esta cita parlamentaria y hurtando al Congreso el principal debate sobre política general. En los siete ejercicios que va a cumplir en el poder, solo ha celebrado uno: fue en 2022, cuatro años después de llegar a La Moncloa.

El argumento es tramposo, pues el DEN no se limita a un mero intercambio de pareceres entre el presidente del Gobierno y los diferentes grupos parlamentarios. Cuando se iguala con cualquier otro debate monográfico se obvia una de las partes fundamentales del DEN que es la capacidad de los grupos parlamentarios para presentar sus propuestas de resolución, que deben ser debatidas y votadas en una sesión parlamentaria posterior. Finalizado el debate, estas propuestas presentadas, así como las aprobadas, se publican en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En un contexto de máxima debilidad parlamentaria para el Gobierno, más cuando Sánchez ha dado la orden a sus ministros de que no lleven nada al Congreso que no vaya a salir adelante, este tipo de iniciativas visualizaría mayorías alternativas a la que sostiene actualmente al Gobierno que a Moncloa no le interesa que se visibilicen con claridad.

El Debate sobre el Estado de la Nación se ha celebrado en España desde 1983 de manera casi ininterrumpida hasta que en 2015 la fragmentación parlamentaria convirtió la excepción en norma. Porque la excepción se prevé para los años electorales y en 2016 se produjo la primera repetición electoral, en 2017 el referéndum de autodeterminación en Cataluña y en 2018 la moción de censura a Mariano Rajoy. Por todo ello se evitó su celebración. Con la llegada de Sánchez a La Moncloa la inestabilidad política y la debilidad aritmética han motivado que se relegue esta gran cita parlamentaria para evitar exhibir sus carencias aritméticas.

Sin embargo, en el contexto actual la ausencia del debate es todavía más llamativa después de que el Gobierno incluyera en su «Plan de Acción por la Democracia» –el compendio de medidas que se alumbraron tras los cinco días de reflexión de Sánchez– la obligatoriedad de celebrar esta cita con carácter anual. Bajo el pretexto de «reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral», el Ejecutivo ideó una serie de instrumentos para la «promoción de la transparencia del sistema político y de los procesos electorales» en los que «considera oportuno dar estabilidad a este mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno, estableciendo una obligación reglamentaria de celebrar el debate sobre el estado de la nación con carácter anual». También el PP presiona en este flanco y lo hace a través de una iniciativa que, el pasado mes de abril, se aprobó tomar en consideración para una reforma del reglamento de la Cámara Baja que incluya la obligatoriedad de establecerlo una vez al año.

La paupérrima producción legislativa, marcada por las exigencias contrapuestas de sus socios de investidura complican la puesta de largo de una intervención en la que exhibir gestión. Sánchez ha preferido trocear el debate sobre el estado de la nación en diversas comparecencias monográficas sobre asuntos de actualidad con un formato más beneficiosos para el Gobierno, pues no hay propuestas por parte de los grupos parlamentarios que se tengan que votar a continuación. Esto, en un momento de máxima inestabilidad en el que Sánchez asiste cada semana a iniciativas en las que se visualiza el alineamiento entre el PP y algunos de sus socios de investidura, la última para exigir unos presupuestos, y que trasladan la sensación de una aritmética en colapso.