Interior dotará de fusiles de asalto HK G36 y subfusiles HK MP5 a las unidades antidroga

La Comisaría General de Policía Judicial ha puesto en marcha un programa, ante el incremento del uso de armas de fuego -en algunos casos, de guerra- por parte de los grupos de crimen organizado que operan en nuestro país, cuyo objetivo será reforzar la protección de los especialistas que combaten contra los entramados criminales dedicados, sobre todo, al tráfico de drogas.

La medida ha sido anunciada a la Confederación Española de Policía (CEP) en respuesta a una reclamación, tramitada ante el Consejo de Policía, para que los agentes destinados en ese ámbito operativo cuenten con los medios necesarios para "hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de extrema violencia, en los que la vida y la integridad física de los agentes se ven comprometidas", señala el sindicato.

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Este plan tiene como finalidad “mejorar la dotación de los medios necesarios para procurar una mayor seguridad y adecuar la respuesta del personal operativo de investigación ante este nuevo nivel de amenaza” y se concretará en el incremento del armamento disponible para las unidades especializadas de lucha contra la delincuencia organizada, incorporando como elementos de dotación tanto fusiles de asalto HK G36 como subfusiles HK MP5.

"Desde CEP valoramos muy positivamente esta medida y la inmediata apuesta de la Comisaría General de Policía Judicial por la protección de los profesionales de la seguridad pública, agrega. "Sin embargo, esta rapidez de reflejos -cuyo fin no puede ser otro que proteger más y mejor a unos profesionales excepcionales, admirados a nivel mundial por sus éxitos en la lucha antidroga y contra el resto de manifestaciones de la criminalidad organizada- contrasta con la arriesgada y temeraria tacañería del Ministerio del Interior a la hora de comprar y distribuir armas largas para hacer frente a las agresiones de los delincuentes".

En los últimos cuatro años la cifra de subfusiles de asalto adquiridos por la Dirección General de la Policía está en torno a los 2.000, de los que la mayor parte, 1.250, fueron licitados el año pasado con un esfuerzo inversor de sólo 2,59 millones de euros. "Cuando lo que está en juego es la vida de los policías, Interior no puede destinar unas migajas de su presupuesto a un objetivo tan crítico como este. Todas las unidades de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial deben contar con armas largas suficientes para hacer frente a unos narcos cada vez más violentos y desesperados por proteger sus cargamentos frente a los robos de otros grupos criminales o las incautaciones policiales", concluye CEP.