Sánchez renuncia al español como lengua de trabajo en la UE

Bruselas ha enviado al corral la petición del Gobierno español en funciones sobre la utilización de las lenguas cooficiales en la UE –en realidad, lo único que preocupaba en Moncloa era cumplir la exigencia del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de forzar el reconocimiento del catalán.

Como ayer adelantó este periódico, Exteriores no ha conseguido cambiar la opinión de la mayoría de los países, partidarios de que la cuestión ni siquiera se admitiera a trámite y se pidiera antes un informe jurídico. Esto, en realidad, es una negativa a la toma en consideración de una propuesta que es sólo consecuencia de una promesa socialista a Junts dentro de la negociación para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

La lectura diplomática es que el Gobierno español en funciones ha recibido una «patada en toda regla» después de semanas de gestiones y presiones a nivel europeo condenadas al fracaso, pero que buscaban, al menos, hacer ver a Puigdemont que en lo que afecta a nuestra diplomacia se ha hecho todo lo posible para cumplir con su exigencia.

España ha hecho el «ridículo» y se ha utilizado «de manera torticera» la Presidencia rotatoria de la UE, lo que afecta a nuestro crédito, se escucha como queja. Pero lo que más preocupa a nivel diplomático es que este movimiento del Gobierno en funciones supone tanto como una declaración de renuncia a que el español sea utilizado como lengua de trabajo en la UE, al nivel del inglés, del alemán y del francés.

Esta es una vieja batalla de nuestra diplomacia, que ha consumido mucho esfuerzo, negociaciones y gestiones, que siguen en marcha, pero que se dan por perdidas después del brusco giro de posición como Estado en lo que afecta al reconocimiento de nuestras lenguas cooficiales en Europa.

Así, aunque la propuesta no vaya a prosperar, tiene un coste, porque el Gobierno ha trasladado a la UE el mensaje de que el castellano, que sólo se habla en España en toda la Unión, tiene otros competidores internos nacionales, a los que ahora se quiere elevar en rango de tratamiento: esto quita peso al español a la hora de avanzar en su reconocimiento como lengua de trabajo, algo en lo que la diplomacia española lleva luchando desde la nuestra adhesión».

«El discurso de que el español no es el único idioma de España arruina todas nuestras posibilidades de que se reconozca como lengua de trabajo. Si el español no es el único idioma que representa a España, ¿por qué va a tener la consideración de lengua de trabajo en el ámbito comunitario?».

Hay otros costes diplomáticos porque la energía con la que Exteriores ha intentado cambiar la voluntad de Bruselas sobre esta cuestión afecta al relato oficial en el que también tuvo que emplearse, y sigue haciéndolo, la diplomacia española para combatir la propaganda independentista sobre la nación catalana. Es relevante, como seña de la capacidad de influencia, que dentro de la reunión de ayer el ministro Albares llegó incluso a pedir que se votase, sin debate, pero lo que finalmente se hizo fue debatirlo y decidir no votar y pedir el informe jurídico.

El pasado 17 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación escribió una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea informándole de la decisión del Gobierno español de solicitar la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea. Para ello se proponía modificar el Reglamento que regula el régimen lingüístico de la UE, de conformidad con el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

El 3 de septiembre, Exteriores distribuyó una nota con una propuesta de modificación, en la que resaltaba el estatus constitucional de las tres lenguas, el hecho de que los Tratados ya estuvieran traducidos al catalán, euskera y gallego y los acuerdos administrativos de 2005, que permitían a los ciudadanos españoles utilizarlas en todas las instituciones de la UE, a excepción del Parlamento Europeo.

En la reunión de ayer, varios países trasladaron su desacuerdo con la rapidez con la que el Gobierno está tratando y planteando este tema, con derivadas también en clave nacional para Estados en los que conviven otras lenguas además de la oficial.

Muchos Estados de la Unión, de los Veintisiete que la integran, son multilingües, y en ninguno de ellos se ha formulado un planteamiento como el del Gobierno español.

En Bruselas asombra también que desde un Gobierno europeo se improvisen medidas de este alcance para sacar adelante una investidura, y que los partidos independentistas y nacionalistas tengan capacidad de marcar con tanta fuerza la agenda nacional.

Moderadamente optimista para la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró ayer que no contempla una repetición electoral, que todos sus planes pasan por trabajar por un Ejecutivo progresista y que hablará claro sobre exigencias como la amnistía cuando reciba el encargo de intentar su investidura. Sánchez habló así en una conversación informal con periodistas ayer en Nueva York. Recalcó que es razonablemente optimista para lograr un acuerdo que le permita ser investido y que su plan es que haya un Gobierno de coalición progresista porque cree que se dan los números, pero insistió en respetar los tiempos porque ahora estima que es el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No será hasta ese momento cuando hablará de posibles negociaciones y exigencias de formaciones políticas como Junts sobre una amnistía. No avanzó nada, pero aseguró que hablará en público, de forma clara, sin dar pábulo a ningún tipo de especulación.