Sánchez sella la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra

Los presupuestos de 2023 quedaron marcados por una cesión de alto voltaje del Gobierno a EH Bildu en Navarra: se comprometía a transferir las competencias de Tráfico a partir del 31 de marzo a la Policía Foral. Su traspaso sobrevolaba ya desde hace muchos años (en el 2000 ya se habló de ello y la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, lo prometió al llegar al Gobierno foral en 2019). Tras el anuncio del pasado mes de noviembre, el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central sellaron ayer un preacuerdo para materializar dicha transferencia que, dicen, será efectiva a partir del 1 de julio de 2023.

Así lo anunció ayer la propia Chivite, quien destacó que se trataba de «un gran día para Navarra y para el fortalecimiento» de su «autogobierno» al haber conseguido «una reivindicación histórica» para la comunidad.

«Desde presidentes como Miguel Sanz o Uxue Barkos, todos hemos reivindicado esta transferencia para nuestra comunidad, todos los gobiernos hemos defendido que esta transferencia tenía que recuperarse para Navarra y hacerlo, además, desde la prestación exclusiva por parte de la comunidad a través de su Policía Foral», dijo. Anunció el «paso histórico» que se da y dijo que se trataba de «otro más de los que ya hemos dado a lo largo de esta legislatura», que «es sin duda la legislatura en la que más se ha avanzado en autogobierno desde hace más de 25 años». Y es que Chivite se pone ya en «modo campaña» y aseguró que esta salida «se implementará con un cronograma» y el traspaso «será efectivo a partir de julio de 2023». Después, «habrá un periodo transitorio para ir incorporando a los 149 agentes de la Policía Foral que requiere sumar al servicio e implementar todas las tareas que implica esta prestación».

Asimismo, Chivite resaltó que «habrá una pasarela para que los guardias civiles de Tráfico que quieran incorporarse a la Policía Foral puedan hacerlo», dado que «así es como se contempla en la Ley Foral de Policías del año 2018».

La presidenta explicó que se ha convocado a la parte navarra de la Junta de Transferencias para una reunión el próximo martes 14, a las 18:00 horas, en la que se cerrará la fecha para la acordar los detalles y la ejecución con el Ejecutivo.

Chivite aseguró que actualmente hay en la comunidad unos 1.500 efectivos de Guardia Civil, «de los cuales aproximadamente 170 están ejerciendo labores de Tráfico». «Ellos si quieren van a poder, a través de una «pasarela», pasarse a la Policía Foral para seguir prestando esos servicios, o bien podrán ejercer sus servicios a la ciudadanía navarra a través de otro tipo de prestaciones, que vienen desarrollando aquí en la comunidad».

En cualquier caso, la presidenta insistió en que esto no supone la salida de todo el Instituto Armado, ya que «van a seguir prestando servicios en la Comunidad Foral, servicios que Guardia Civil presta de manera exclusiva en Navarra».

Guardias civiles de Tráfico que prestan servicio en Navarra se enteraron por los medios de comunicación de los avances. «Seguimos sin saber nada oficialmente y mucho menos a través de nuestros jefes», apuntan a LA RAZÓN. Destacan como el pasado 21 de febrero fueron destinados a la agrupación de Tráfico de Pamplona ocho guardias civiles que ya prestan servicio con el resto de los agentes. Solo en Pamplona son unos 20 en la agrupación de Tráfico y como mínimo unos ocho estarían pensando su traspaso a la Policía Foral.

Los guardias civiles de Navarra viven con la incertidumbre,aunque, la realidad es que el traspaso efectivo no pueden llevarlo a cabo «de la noche a la mañana», sino que sería cuestión de dos años porque no hay forales suficientes que los pudieran reemplazar. Asociaciones de guardias civiles aseguran que con esto «se consuma la humillación» y acusan al Sánchez de «desconsideración y falta de sensibilidad».

El líder del PP de Navarra, Javier García, indicó que el acuerdo alcanzado entre Gobierno foral y central era una «mala noticia» por cómo se ha hecho. Criticó que el procedimiento se ha llevado a cabo con «una falta de respeto al régimen foral profundo», donde el PNV y EH Bildu ponían condiciones como si dependiera de ellos. Subrayó que hay «serias dudas» sobre el procedimiento, ya que hay «informes y opiniones de juristas y foralistas que advierten de que puede que haga falta una reforma de la Lorafna (Amejoramiento del Régimen Foral)».

Además, criticó que no se busca dar un mejor servicio, sino que prevalece un «objetivo nacionalista».