Santiago Vidal, el ideólogo de la «Constitución catalana», pide la jubilación al CGPJ

Podría seguir siete años más en activo. El Consejo del Poder Judicial aprobará mañana que deje la toga el 31-D.

El juez independentista y uno de los principales ideólogos de la «Constitución», además de ex senador de ERC, Santiago Vidal, dejará la judicatura activa el próximo 31 de diciembre, toda vez que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial prevé aceptar mañana su petición de pase a la jubilación voluntaria a partir de esa fecha, tal como propone el Servicio de Personal Judicial, según confirmaron a este periódico fuentes próximas al Consejo. Legalmente, podría haber continuado otros cinco años como magistrado en activo.

De esta forma, Santiago Vidal habrá estado en un juzgado apenas siete meses desde que se reincorporó a la judicatura, el pasado mes de mayo, tras haber cumplido la sanción de tres años de suspensión que le impuso el CGPJ al considerarle responsable de dos faltas disciplinarias graves, entre ellas, la elaboración de una «Constitución» para una «hipotética república catalana» y su participación en actos soberanistas. Desde su vuelta, era el responsable del Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona.

En concreto, el Consejo consideró acreditado que el juez Vidal participó «activamente, y al margen de cualquier cobertura», en un grupo de trabajo de composición heterogénea tenía por objeto elaborar y redactar una «Constitución catalana» y que además admitió de forma pública que la intención era ponerla a disposición o de que sirviera de modelo para quienes promovieran la celebración de una consulta por el llamado «derecho a decidir» y la independencia de Cataluña.

Santiago Vidal solicita el pase a la jubilación forzosa al haber cumplido el pasado mes de julio los 65 años de edad, aunque los magistrados tienen la potestad de continuar en activo hasta alcanzar los 72 años, derecho que ha preferido no ejercitar. El motivo que esgrime en su petición es tener la edad para la jubilación voluntaria, aunque fuentes jurídicas también señalan que «es obvio que no estaba nada cómodo en un juzgado de lo Social».

Tras cumplir la sanción de tres años de suspensión, Vidal solicitó el reingreso en la Carrera Judicial, pero el CGPJ rechazó, en marzo de 2018, tal petición al considerar su «falta de aptitud» como consecuencia de su «falta de lealtad a las instituciones del Estado y a la Constitución». El órgano de gobierno de los jueces llegó a esta conclusión a la vista de las manifestaciones e intervenciones públicas efectuadas durante el periodo de suspensión de funciones.

Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló esa decisión y reconoció el derecho de Vidal al reingreso a la judicatura, al esgrimir que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, es exigible el requisito de «idoneidad» para ello.

Con esa decisión, solicitó su reingreso, para lo que tuvo que concurrir al primer concurso de traslado, toda vez que no podía regresar a su anterior destino en la Audiencia Provincial de Barcelona. Esto fue lo que determinó que solicitara el Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona, que abandonará definitivamente a final de año. Habrá permanecido como titular del mismo apenas siete meses.

Investigado por el 1-O

Santiago Vidal también tuvo que declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en la causa donde se investiga todo lo relacionado con los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Esa declaración se produjo en relación con las manifestaciones vertidas en el transcurso de una conferencia en la que aseguró que la Generalitat tenía «camuflada» una partida de 400 millones para organizar el 1-O y preparar las estructuras de Estado de una Cataluña independiente.

En su comparecencia ante la instructora, en febrero del pasado año, alegó que en sus conferencias sobre el proceso catalán no detalló los planes reales del Govern, sino que se refirió únicamente a ideas que se discutían para un futuro Estado catalán independiente.

También fue citado como testigo por el Tribunal Supremo en el juicio sobre el «procés», pero en esta ocasión se negó a declarar al esgrimir, precisamente, que estaba imputado en la causa que se sigue en Barcelona y que ello le exoneraba de comparecer ante los magistrados