Vocales conservadores y progresistas del CGPJ rubricaron este martes un comunicado conjunto en defensa de los jueces del caso Alves. La declaración, aprobada de manera unánime, salió adelante tras la férrea reacción de todas las asociaciones judiciales y fiscales de la carrera contra la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, por anteponer el relato de la víctima a la presunción de inocencia. No obstante, los conservadores tuvieron que ceder en sus pretensiones y suavizar la respuesta del Consejo para conseguir la adhesión de los progresistas.

Fuentes del órgano de gobierno de jueces consultadas por LA RAZÓN afirman que hubo negociaciones en el ente que preside María Isabel Perelló para conseguir una respuesta conjuntaal enésimo ataque del Gobierno al Poder Judicial. De hecho, la pretensión de los vocales de sensibilidad conservadora era responder de manera más enérgica a las declaraciones de la 'número dos' de Pedro Sánchez por las cuáles acabó disculpándose este martes.

En concreto, buscaban un pronunciamiento "más contundente" en el que se apelara de forma expresa a los cargos institucionales. Sin embargo, y en vista de que algunas voces del sector progresista no eran tan partidarias de emitir un comunicado, se acordó rebajar el tono en aras a conseguir el acuerdo. Al respecto, consideran que lo relevante era que el CGPJ saliera en defensa de los jueces señalados (en este caso los que absolvieron a Dani Alves) y que ello se prioriza a los pormenores de la nota.

Sin referencia a los cargos institucionales

Con todo, los conservadores tenían claro que iban a reaccionar y, de no haber llegado a una conformidad con los otros diez vocales progresistas, hubieran emitido su propia reacción. No hizo falta. La nota, que apenas suma cinco párrafos, advirtió de la necesidad de concebir la presunción de inocencia como "un derecho fundamental" clave en el Estado de Derecho. En concreto reza que la defensa de este bien -recogido en el artículo 24.2 de la Constitución- no choca con la protección y el apoyo a las víctimas, en especial las de agresiones sexuales.

"Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía con las instituciones", alegó el CGPJ. De esta forma, se refirió a la clase política, en general, eludiendo la alusión de cargos institucionales, como es el que ocupa la vicepresidenta del Gobierno.

Además, apelaron a la "profesionalidad y capacitación técnica" tanto de los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaron a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violación, como a los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que han revocado esta sentencia, anulando la condena. "La revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho. El sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última", precisan.

Acuerdo sobre la presunción de inocencia

Cabe recordar que contra el fallo del TSJC cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de manera que los tribunales todavía no han dicho la última palabra sobre estos hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton en Barcelona. Pese a ello, la también ministra de Hacienda se pronunció sobre este caso en un acto del PSOE el pasado fin de semana cuestionando el alegato de los magistrados acerca de que debía prevalecer su presunción de inocencia ante la insuficiencia de las pruebas recabadas.

"Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante, del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos", dijo la también secretaria general del PSOE-A. Aunque luego matizó sus palabras en un mensaje de su cuenta personal de X, la reacción de la carrera judicial fue enérgica.

En el comunicado suscrito por todas las asociaciones de jueces y fiscales, se expuso que cuestionar el principio de presunción de inocencia puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad de los juicios. Además, se dirigió también a todos los representantes públicos, a los que se les pidió "la máxima responsabilidad de sus manifestaciones", especialmente en lo que se refiere a decisiones judiciales.

Rechazo unánime de toda la judicatura

El hecho de que asociaciones conservadoras y progresistas coincidieran en la respuesta al Gobierno fue significativo y abrió la puerta a que el CGPJ reaccionara en similares términos, toda vez que es el órgano de gobierno de los jueces. De hecho, jueces y magistrados consultados por este medio así lo solicitaron horas antes al comunicado. En declaraciones a este medio, advirtieron de la gravedad de las manifestaciones de la vicepresidenta del Ejecutivo y las encuadraron en una campaña de desprestigio que se remonta a años atrás contra todo el Poder Judicial.

Del mismo modo, recordaron que el respeto a los pronunciamientos judiciales es una exigencia que plantea Europa con los estándares de Estado de Derecho y que ya se plasmó en la Recomendación (UE) 2017/1520 de la Comisión Europea a Polonia. En aquel pronunciamiento la UE advirtió de que las reformas legislativas eran contrarias a la independencia judicial y que el Gobierno polaco tenía que "abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces o del poder judicial en su conjunto".