Seis acusaciones piden casi 300 años de cárcel para los doce CDR amparados por la amnistía

Seis acusaciones en el juicio de la Audiencia Nacional contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) han solicitado penas que en total suman 296 años para los doce acusados, 48 años más que los que solicitaba la Fiscalía. Por una parte, piden 33 años de prisión para los ocho acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista, de fabricación de explosivos de carácter terrorista y de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Para los otros cuatro acusados, a los que atribuyen un delito de pertenencia a organización terrorista, piden penas de ocho años de prisión.

De acuerdo con el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, piden un total de 33 años de prisión para Eduardo Garzón, Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Tomás, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Delgado. Para los acusados Ferrán Jolis, Xavier Bugas, David Budria y a Clara Borrero, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización terrorista, piden diez años de cárcel.

El escrito de acusación, que ha presentado el despacho Fuster-Fabra, representa a la acusación popular que integran la AsociacióCatalana de Victimes d’OrganitzacionsTerroristes (ACVOT), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Española de la Guardia civil (AEGC) Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y Vox.

En el documento sostienen que los CDR perseguían "la secesión de Cataluña" para lo cual "organizaban acciones de naturaleza delictiva-terrorista en el territorio catalán". También indican que los acusados mantenían "una organización estable y permanente en el tiempo, configurada y sostenida por la conjunción de grupos e individuos con roles y funciones específicamente definidas, que se relacionan a través de una jerarquía y coordinan entre sí, mostrando una unidad en la dirección y ejecución en sus acciones con el fin de cometer delitos".

Además, señalan que cada uno de los doce acusados "estaba afiliado a una ‘Comisión local’, desarrollando sus acciones dentro del ámbito de una localidad o pueblo y, además, formaban parte de lo que se conoce como el Equipo de Resistencia Táctica (ERT)". Según el texto presentado en la Audiencia Nacional, los ERT surgen “para alcanzar la independencia de Cataluña ‘por cualquier vía, incluídas las violentas´, tal y como ellos mismos manifestaban”, señala el texto.

El pasado 3 de noviembre, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmaba el auto de conclusión del sumario y  abrió juicio oral contra los doce procesados . En su resolución, la Sección Tercera confirmó la decisión del juez instructor de la “operación Judas”, Manuel García Castellón, que se puso en marcha en septiembre de 2019 contra diversos integrantes del denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radical de los CDR. A ellos se les atribuyen los actos de violencia callejera que se produjeron en respuesta a la sentencia del «procés», cuyo objetivo era conseguir a través de la violencia la independencia de Cataluña.

Los procesados solicitaron entonces el archivo de la causa, que alegaron que los indicios eran insuficientes para encuadrar sus actuaciones en el ámbito de una organización terrorista, pero se