Los socios leen el plan de regeneración de Sánchez como un «disparo al aire»

El Plan de acción por la Democracia, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, es un catálogo de una treintena de medidas, que incluye reformas legales para las que el Gobierno se da un plazo de tres años, lo que queda de legislatura. Los socios lo reciben con escepticismo, como si la montaña hubiera parido un ratón, que además, según coinciden en Cataluña y el País Vasco, «nace muerto porque no habrá los consensos necesarios para sacar nada adelante». La música que se escuchaba ayer en las filas de PNV y de Junts era bastante parecida: «Estamos ante otra patada hacia adelante para entretenernos a todos sin ninguna garantía de tener los apoyos para hacer nada».

Ni los socios vascos ni los catalanes se creen que el plan presentado por el Gobierno vaya más allá de lo que aguante en la agenda política y mediática. Por cierto, que la mayor parte de las medidas incluidas no afectan al Gobierno sino a los medios de comunicación. Desde el PNV se recordaba ayer que el proyecto recoge propuestas que el PSOE viene prometiendo desde hace años a sus socios, como la actualización de la ley de secretos oficiales o la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado: «No tenemos ningún motivo para pensar que si no lo han hecho antes, lo van a sacar ahora adelante».

En tanto que en el PNV y en Junts, también en ERC, lo que impera es el descreimiento, por la izquierda, Podemos avisa, en su primer movimiento, que el proyecto no cumple con sus exigencias porque se queda corto en apretar a los medios de titularidad privada y también en otras reformas que ellos sí llevan en la agenda legislativa.

Cabe destacar en la letra de catálogo de medidas anunciadas, que del reglamento europeo, que el Gobierno utiliza como justificación para presentar este plan de regeneración, se cae justo el punto que recoge las salvaguardas obligatorias que deben establecerse en defensa de los medios públicos para evitar que éstos se utilicen «con fines políticos». En la ley europea que entró en vigor en mayo se establece en relación a los medios públicos que los países de la Unión deben fijar por ley los criterios para el nombramiento y cese de sus altos cargos, así como la duración de sus mandatos, que deben ser suficientemente largos y con una financiación también suficiente para cumplir con su misión.

El Plan de acción por la Democracia de Pedro Sánchez sí que se aplica en crear un registro de medios, controlar la publicidad institucional, limitar el secreto profesional y la libertad de empresa informativa.

La primera respuesta del PP, a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, fue anunciar su rechazo a unas medidas que Génova desvincula del reglamento de la UE al que se acoge el Gobierno para defenderlas.

«Que no pretenda el Gobierno aprovechar la adaptación de la normativa europea para colar por la puerta de atrás algún elemento que vaya en contra precisamente de los principios que defiende Europa». El Grupo Popular votó a favor del reglamento aprobado en el Parlamento Europeo.

Tellado insistió en ligar este plan con la investigación «al Gobierno, al partido y a la familia» del presidente. «Si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar es precisamente la que maneja Pedro Sánchez».

Los cuatro diputados de Podemos también lanzaron su amenaza de votar en contra del proyecto si el Gobierno no incluye medidas como que los presentadores de programas de actualidad y directivos de los medios de comunicación estén obligados a hacer públicos sus intereses económicos al igual que ocurre con los cargos públicos.

El proyecto del Gobierno exige un debate parlamentario y la tramitación de reformas en las que no puede contar con el apoyo de sus socios. La debilidad de Yolanda Díaz deja el flanco abierto de Podemos, y el texto no ha sido sometido a consulta previa ni de los nacionalistas vascos ni tampoco de los socios independentistas. Esto supone reiterar un modelo de gestión legislativa que tiene pocas posibilidades de prosperar en el Congreso, aunque sí pueda utilizarlo el Gobierno para intentar culpar a los demás de que las medidas no salgan adelante. Es la misma táctica que barajan con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

El catálogo recoge además medidas muy inconcretas como la de evitar los oligopolios. «Revisar elmarco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación». O la nueva reforma de los artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público –dejan fuera los delitos contra la Corona.

El texto mezcla propuestas que llevan años manejándose en la agenda regeneradora, por Gobiernos de uno y de otro color, sin que hayan llegado a ejecutarse, como la obligación de establecer debates electorales, celebrar anualmente el Debate sobre el estado de la nación, regular los «lobbies» o reforzar las sanciones a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.

Pero en ninguna de estas medidas hay concreción, más allá de un enunciado genérico que ni siquiera ha sido consensuado con los socios. La impresión dominante en el arco parlamentario es que el Gobierno ha «tirado» del listado de sus incumplimientos con sus socios –nacionalistas, independentistas y de izquierdas–, para enseñarles la zanahoria y hacer que parezca que el balón sigue moviéndose en el terreno de juego. Aunque, como dice el portavoz de uno de los partidos de la mayoría de investidura, «no hay ninguna posibilidad de meter gol».