Cientos de afectados por la estafa de Madeira Invest Club (MIC) reclaman a la Audiencia Nacional (AN) que dicte prisión provisional para el empresario que entregó a Alvise 100.000 euros en efectivo para su campaña europea.

El despacho Soriano i Piqueras, que les representa, reclama al Juzgado Central de Instrucción número 4, en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que ordene el ingreso en la cárcel de manera preventiva del líder de este 'chiringuito financiero', Álvaro Romillo, y de su padre, Domingo Romillo, para evitar "su fuga" que impediría "la celebración del juicio".

Temen, en este sentido, que se pueda "sustraer" de la acción de la Justicia después de que, con el levantamiento del secreto de sumario, se haya conocido que desviaron más de 150 millones de euros que se habrían apropiado de los antiguos clientes de MIC.

Esta "situación económica holgada" de la que disfrutan es lo que les hace temer que pudieran "financiar su estancia en la clandestinidad o encontrar refugio" más allá de las fronteras españolas y, con ello, "del alcance jurisdiccional" de la AN.

De ese enorme montante económico, el juez José Luis Calama ha bloqueado 29 millones de euros hallados en una cuenta bancaria de Singapur, que titula una mercantil registrada en Hong Kong, a la que acabó llegando esta cifra en sucesivas transferencias. Los traspasos de dinero procedieron de dos sociedades portuguesas a nombre de 'CryptoSpain' -como se le conoce- y su padre.

El letrado Víctor Soriano desliza, a la vez, ante el instructor del ya conocido como "caso Madeira Invest Club" la necesidad de que se efectúen las actuaciones necesarias a fin de localizar el paradero de los 120 millones de euros restantes. Sobre lo que apunta a que "deben radicar en otras entidades bancarias, criptomonedas o bienes de cualquier clase que se mantienen ocultos".

En el supuesto de que el magistrado Calama no vea procedente ordenar el ingreso de Romillo y su progenitor, bajo una fianza de 60 millones, las presuntas víctimas solicitan, como medida alternativa, que se les imponga la prohibición de salir del país, con la consiguiente retirada del pasaporte, y la obligatoriedad de comparecer semanalmente.