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Tribunales

El Supremo pide auxilio a Estados Unidos sobre la investigación a Alvise por la difusión en Twitter de la PCR falsa de Illa

El instructor prorroga seis meses más el procedimiento por falsedad en documento privado e injurias contra el líder de Se Acabó la Fiesta

Alvise reconoce al juez que recibió 100.000 euros pero niega que fueran para su campaña MariscalEFE

El Tribunal Supremo (TS) pide ayuda a Estados Unidos para avanzar en la investigación por falsedad en documento privado e injurias al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta Luis "Alvise" Pérez por el tuit en el que difundió en 2021 una PCR falsa del presidente de la Generalitat, y exministro de Sanidad, Salvador Illa. El instructor de la causa, el magistrado Javier Hernández, ha acordado librar una solicitud de cooperación internacional, a instancias de la Fiscalía, para intentar que X, antiguo Twitter, acceda en su almacenamiento de datos a los mensajes controvertidos.

Hernández considera esa actuación "oportuna, pertinente y proporcional" en la medida en que de esta forma se puede recabar "información relevante sobre las condiciones personales y temporales en las que se activaron los canales de divulgación de contenidos y documentos que se reputan falsos e injuriosos".

El instructor -que además prorroga seis meses más la investigación- matiza en su resolución que los datos que se reclaman suponen una injerencia "mínimamente significante en el derecho a la privacidad" del eurodiputado y deja claro que esta petición se ajusta a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Alvise dijo al juez que no hubo "mala fe"

En su declaración voluntaria en el Supremo, el eurodiputado -a quien el alto tribunal investiga además por otras tres causas- aseguró que no actuó de "de mala fe" y explicó que era un documento "que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales". "No había ningún elemento de mala fe o de injurias hacia el señor Illa", afirmó tras su comparecencia a las puertas del Supremo.

Alvise está siendo investigado además por el Supremo por los mensajes que difundió en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, por la presunta financiación ilegal de su formación por la entrega de 100.000 euros de un empresario para las elecciones europeas y por el supuesto acoso a dos exeurodiputados de su formación.