Opinión

Un Tribunal Constitucional incompleto

Por la relevancia constitucional de las decisiones tomadas por el tribunal de garantías, sería exigible la composición íntegra de la institución

Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional
El presidente del TC, Cándido Conde-PumpidoCristina BejaranoLa Razón

Prescriben los artículos 159 de la Carta Magna y el quinto de la ley que regula su funcionamiento que el Tribunal Constitucional estará integrado por doce magistrados. Sin embargo, en la actualidad lo conforman solo once, como consecuencia de la renuncia del magistrado Alfredo Montoya. Se trata, pues, de un órgano constitucional incompleto, lo que constituye una grave anormalidad en su funcionamiento.

En las últimas semanas el Tribunal Constitucional está tomando decisiones especialmente relevantes, resolviendo, por mayoría, de siete votos, recursos constitucionales. Entre otros, sobre la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010, la conocida como Ley Celaá y la regulación de la eutanasia de 2021. Precisamente, por la relevancia constitucional de las decisiones tomadas por el tribunal de garantías, sería exigible la composición íntegra del Tribunal Constitucional a fin de que, en el seno de este órgano constitucional, se llevará a cabo un mayor debate e integración del mayor número de sensibilidades sociales, sin perjuicio de que actuaría con plena legitimidad democrática.

Sorprende sobremanera que dicha situación se prolongue desde julio de 2022 y que ello no sea motivo de preocupación y ocupación del presidente del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del presidente del Gobierno que, con anterioridad a la última renovación del Tribunal Constitucional, realizada el pasado mes de diciembre, había sostenido reiteradamente que la renovación era un ejercicio de responsabilidad democrática. La presión del Gobierno para que se produjera la renovación del TC llego hasta un nivel nunca planteado, con la proposición de una enmienda al proyecto de ley que modificaba el Código Penal, en lo relativo, entre otros, al delito de sedición.

¿Qué ocurrió para que, en diciembre del pasado año, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno designarán a los magistrados del TC que por turno les correspondían, mientras el Senado no ha llevado a cabo aún la designación del magistrado que renunció en julio de 2022?

Alguien podría pensar que la verdadera razón de la preocupación del presidente del Gobierno para que se produjera la renovación del Tribunal Constitucional estaba motivada exclusivamente por conseguir un cambio en el juego de mayorías en el seno del órgano constitucional y que, conseguido este objetivo, que el Tribunal Constitucional no esté constituido por doce magistrados es algo irrelevante.

Agustín Pérez-Cruz es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo