La Abogacía rechaza la subida salarial de Pilar Llop para el turno de oficio: un 5% es insuficiente

La subida salarial de los abogados de oficio es insuficiente y se debe adecuar a la subida del IPC desdelaúltimarevisión,en2018. Esta ha sido la respuesta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a la propuesta de Pilar Llop. Desde el Ministerio de Justicia han planteado un ajuste del 5% en 2024 parala asistencia jurídica gratuita, que no satisface las necesidades de los más de 42 mil profesionales del turno de oficio.

"La oferta es del todo insuficiente”, ha señalado la entidad, que denuncia que en muchas ocasioneslas retribuciones actuales apenas cubren los gastos que debe afrontar el profesional y que son de las más bajas que se pagan en España. El consejo recordó que desde que se realizó el último ajuste, hace cinco años, el aumento de los precios se acerca al 17%, por lo que la oferta del ministerio se queda bastante lejos.

Además, pedirá que se revise el catálogo de las intervenciones profesionales que son objeto de indemnización, de modo que se remuneren las actuaciones que a día de hoy no se están pagando. Entre ellas, quieren que se incluya el pago por los servicios prestados a personas jurídicas en proceso penal, las reconvenciones, las ejecuciones de sentencias, la presentación de un número más amplio de recursos, la participación del profesional en calidad de mediador y contador-partidor, o los gastos de desplazamiento en las guardias al detenido.

Ninguna de ellas figura en la propuesta del ministerio, que se ha limitado a reproducir el baremo existente aplicando una subida lineal del 5%. Subida que, además, queda muy lejos de los incrementos retributivos que se han acordado para otros colectivos profesionales.

El Consejo General aprovechará el trámite de alegaciones del proyecto de la orden ministerial, donde se incluye la actualización de los importes, para reclamar de nuevo una subida más proporcional con la evolución general de los precios, especialmente de los combustibles.

De los 42 mil abogados de oficio, más de seis mil prestan su asistencia en el denominado territorio Ministerio, formado por las comunidades de Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, así como por los tribunales con jurisdicción estatal ubicados en Madrid, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.