Las cuatro adjudicaciones públicas que salpican a Isabel Pardo de Vera en el caso Koldo suman más de 123 millones de euros. La Guardia Civil implica a la que fuera presidenta de Adif en cuatro licitaciones en las que Koldo García habría dado instrucciones para que fueran a parar a empresas salpicadas en esta trama de corrupción. Se trata de unas licitaciones en las que la UCO se apoyó para pedir el registro de su vivienda familiar y su imputación en estas diligencias por hasta cinco delitos.

En su oficio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los agentes razonan que de las "intercesiones concretas" de Pardo de Vera para favorecer a determinadas constructoras, se deduce una "notoria discrecionalidad" en estas adjudicaciones. Es más, consideran que sus supuestas maniobras para favorecer a las constructoras amigas explicarían el interés de Santos Cerdán y de Koldo García por promocionar a Pardo de Vera al cargo de secretaria de Estado.

En su informe, los agentes identifican cuatro obras concretas en las que la ahora investigada habría mediado. Se trató de un proyecto para construir un tramo del AVE a Extremadura, las obras del tren de Sant Feliu de Llobregat, la construcción de la estación del AVE en Elche y una licitación de emergencia para renovar la red de cercanías en Asturias.

Licitaciones de Adif

En relación con la primera de ellas, la Guardia Civil interceptó un mensaje de Koldo García a la entonces presidenta de Adif en el que le reprochó que las empresas identificadas por la presunta trama no se llevaran la adjudicación. En concreto, el exasesor de José Luis Ábalos pretendía que este proyecto, que licitó Adif para ejecutar la construcción del tramo Toril-río Tiétar de la línea del AVE Madrid-Extremadura, fuera para Acciona.

Sin embargo, la adjudicación, valorada en 37,91 millones de euros, fue a parar a la UTE Construcciones Pérez Jiménez S.L y Obras Públicas y Regadíos (OPR). "Eso nos a jodido un poco", le trasladó Koldo, quien le confesó a Pardo de Vera que subrayó con "fosforito" algunas de las propuestas por "disimulo".

La segunda de las adjudicaciones identificadas por la Guardia Civil fue la relativa a la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). El proyecto, valorado en 71,5 millones de euros fue para Acciona, tal y como pretendía Koldo. Consta como la directiva le envió un mensaje el 30 de mayo de 2019 en el que le informó de la apertura de ofertas. La constructora obtuvo la mayor puntuación al conseguir 39,24 de 40 puntos.

Adjudicaciones también para Aldama

En tercer lugar, la UCO determina que el exasesor de Ábalos "habría ejercido su influencia" para favorecer "de manera irregular" a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) de José Ruz, en la adjudicación de 13,2 millones de euros para la construcción de la estación del AVE en Elche. Al respecto figuran en el sumario mensajes de Ruz con Koldo en el que éste, al ser preguntado por si había hablado con "la jefa" le responde que le prometió" que saldría el proyecto.

En cuarto y último lugar, se identifica una segunda adjudicación a LIC relativa a las obras de estabilización de los taludes en la línea de tren que conecta Gijón San Crespo con Pravia, en Asturias. Esta licitación fue la menor en cuanto a presupuesto (592.053 euros) aunque en la misma también habría intercedido Pardo de Vera para que fuera para el constructor de Levantina.

Por todo ello, la UCO expuso en su oficio que se había observado cómo Koldo habría dado indicaciones a Pardo de Vera y también al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para que otorgasen licitaciones a las empresas de la trama y, también, al comisionista Víctor de Aldama. Precisamente este último confesó en sede judicial que la red aprovechó su influencia en el Ministerio de Ábalos para otorgar obras públicas a empresas amigas. Según dijo, a cambio cobraron un porcentaje fijo del 1-1,5% de mordidas por obra y, según matizó, parte de dichas cuantías fueron a parar al PSOE.

El registro de Javier Herrero

Los indicios aportados por la UCO en el conocido como informe Cerdán propiciaron la imputación de Pardo de Vera y de Herrero en la Audiencia Nacional. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente expuso que ambos habrían mediado para que las adjudicaciones bajo sospecha "pudieran llega a buen término"facilitando "de manera inmediata" la información de algunos expedientes. Por ello, derivó esta parte de las diligencias a la Audiencia al considerar que su actuación sí se puede desligar de la conducta de Ábalos.

Tras recibir la exposición razonada, el magistrado Ismael Moreno abrió una pieza separada y ordenó el registro de sus domicilios. Los agentes requisaron de la casa familiar de Pardo de Vera, en Santiago de Compostela, dispositivos electrónicos además de un documento del Consejo de Administración de Adif relacionado con el contrato para el suministro de 5 de mascarillas en pandemia. Se trata del contrato que Adif firmó con la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, en marzo de 2020 por 12,5 millones de euros.

En lo que respecta al registro de Javier Herrero, los agentes se incautaron de un teléfono iPhone, un ordenador portátil, cerca de una decena de USB, documentos varios y 4.750 euros en efectivo, repartidos en 20 billetes por valor de 50 euros y 34 billetes de 100 euros. Tanto Herrero como Pardo de Vera están citados el próximo 21 de julio para ser interrogados por estos hechos. En el caso de la expresidenta de Adif -a la que también se le investiga por la contratación de Jesica Rodríguez en dos empresas públicas- se le imputan cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.