Lucha contra ETA

Un «arrepentido» entregó a Zulueta

La Guardia Civil logró captar a un colaborador dentro del «Frente de Cárceles» que les ha ayudado en la operación

La abogada de etarras y líder del «Frente de Cárceles», Arancha Zulueta, fue detenida el pasado enero
La abogada de etarras y líder del «Frente de Cárceles», Arancha Zulueta, fue detenida el pasado enerolarazon

Ya ocurrió cuando Javier López, «Thierry», y Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», mantenían una guerra sin cuartel por el control de ETA. Cuando, gracias a la información aportada por la Guardia Civil, la Policía francesa detuvo al primero, se le olvidó comunicar a la «dirección» una serie de datos que hubieran evitado el arresto del segundo. En un banda y en la que van de salvadores e idealistas, pero que sólo son una cuadrilla de delincuentes, a veces pasan estas cosas. Y, según ha sabido LA RAZÓN de fuentes conocedoras del asunto, ha vuelto a ocurrir.

El control de los presos de la organización criminal lo ejercía ETA a través del «KT» (Grupo de Coordinación) del «Frente de Cárceles» y lo hacía de una forma férrea, sin dejar que los «posibilistas» de la «izquierda abertzale» pudieran imponer una estrategia más moderada con el fin de que el Gobierno flexibilizara su política penitenciaria. Era un círculo cerrado en el que parecía imposible entrar... hasta que se presentó la ocasión.

Familiar en la cárcel

Según las citadas fuentes, una persona del «Frente de Cárceles» de ETA ha prestado una importante ayuda a la Guardia Civil en la reciente operación que ha permitido desarticular este órgano de la banda y detener a sus principales dirigentes, entre ellos Arancha Zulueta y Jon Emparantza. La colaboración de este individuo (tiene algún familiar en la cárcel por actividades en la banda, para el que ha pedido un trato de favor) y con la Benemérita sería consecuencia de esas profundas discrepancias que existen en la actualidad dentro del mundo de ETA en el asunto de los presos, y la lucha interna que existía para mantener el control de los internos, que ejercían de forma férrea Zulueta y Emparantza.

Las Fuerzas de Seguridad siempre que desarrollan una operación antiterrorista y dejan algunos «flecos» sin tocar, bien para poder continuar las investigaciones o, en su caso, intentar convertir a esas personas en colaboradoras de la Justicia. Se trata de un asunto muy delicado que suelen llevar muy pocos agentes, ya que las motivaciones por las que actúan estos individuos van desde las económicas, venganzas o, como parece suceder en este caso, de tipo personal, sin que se pueda descartar que unas se mezclen con otras. El mundo de los familiares de los etarras que ingresan en prisión es uno de los «caladeros» en los que se trata de localizar a colaboradores.

Fruto de esas investigaciones, hace algún tiempo se detectó a esa persona que, en principio, mantenía posturas muy duras, pero que, al iniciarse el nuevo «proceso», a partir de 2009, que culminó con la Conferencia Internacional de Ayete y el comunicado de ETA en el que anunciaba el supuesto «cese definitivo de las actividades armadas» adoptó posiciones «posibilistas». De hecho, se situó en posturas más próximas a las que mantenía la «izquierda abertzale».

Era el momento de trabajar a la «fuente» o «colaborador» (a los expertos no les gusta la palabra «confidente») para hacerle llegar la imperiosa necesidad de que debía colaborar con la Guardia Civil. (No se trataba de un «infiltrado», ya que eso hubiera supuesto la presencia de un agente incrustado en la red terrorista). Lo cierto es que no fue muy difícil convencer a quien ya estaba convencido, comentan las mismas fuentes.

Poco a poco, facilitó datos relevantes sobre lo que ocurría dentro del «Frente de Cárceles» y cómo ETA, dentro de la mayor clandestinidad y secreto, había logrado reestructurar este «subaparato» tan importante para la banda. La operación que la Benemérita desarrolló el año pasado contra la organización juvenil Herrira, en la que se incautaron documentos cuyo contenido revelaban algunas de las nuevas estructuras y funciones del «Frente de Cárceles», supuso, de hecho, una primera colaboración de la «fuente», ya que los agentes sabían que un representante de este grupo asistía a alguna de las reuniones y tenía en su poder dichos documentos.

Uno de los detalles que llamó la atención de los abogados que asistieron a los detenidos durante la operación contra el «Frente de Cárceles» y los registros que se efectuaron en los distintos despachos fue el perfecto conocimiento que tenían los agentes de los puestos de trabajo de cada uno de los encausados y los ordenadores que utilizaban. El hecho les dejó estupefactos pero, como dice el refrán, siempre «hay un roto para un descosido». Rápidamente construyeron la teoría que les interesaba: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había entrado ilegalmente en las distintas dependencias y después le había pasado la información a la Guardia Civil, todo muy «novelesco» y de cara a la galería.

Incluso publicaron en el diario «Gara» que «cuando la Guardia Civil irrumpió en el despacho de la calle Elcano de Bilbao tenía en su poder un mapa donde habían coloreado las supuestas zonas comunes y colocado las fotos de Arancha Zulueta y Aitziber Sagarminaga en los puntos donde los agentes ubicaban sus puestos de trabajo. Así quedó reflejado en el acta después de que uno de los letrados pudiese ver ese plano, lo que ha incrementado la sospecha de que el CNI pudo entrar de forma ilegal a las oficinas». Se acusaba, sin ningún tipo de pruebas, al centro de espionaje español cuando la realidad, según las fuentes consultadas por este periódico, es bien distinta, aunque nunca la conocerán. El periódico llegaba a hablar de «prácticas irregulares que cobrarían mayor gravedad si se toma en cuenta que esa oficina es el lugar de trabajo de varios abogados, cuya labor está especialmente protegida por la ley». Sin embargo, el periódico no tenía más remedio que reconocer que «no era la primera ocasión en la que la Guardia Civil irrumpía en estas oficinas –¿entonces,para que era necesaria la infiltración del CNI?–. Pese a ello, el hecho de que llevasen un plano delimitando las estancias y que estuviese elaborado antes de que los agentes pusiesen un pie (ya habían entrado en 2010) en el despacho, ha alimentado las sospechas de que se hayan producido registros al margen de la legalidad vigente».

Al final, las certezas se convierten en meras sospechas ante la magnitud de la operación desarrollada por la Benemérita y, lo que es realmente importante, el colaborador sigue dentro del entramado proetarra.