Un «Frankenstein» de cabeza soberanista

Sánchez gobernará a partir de mañana «atado» por los independentistas y nacionalistas.

Pedro Sánchez afrontará durante los próximos meses el reto de liderar el Gobierno con una situación de debilidad sin precedentes en nuestra democracia, apoyado únicamente por 84 de los 350 diputados de la Cámara Baja y conducido hasta La Moncloa gracias a los votos de los partidos independentistas y nacionalistas. Una doble circunstancia que dificultará la capacidad de maniobra del secretario general del PSOE a la hora de dar cumplimiento a algunas de las cuestiones que abordó en su discurso, especialmente en lo que concierne a su compromiso con la Constitución frente a los desafíos rupturistas.

El equilibrio será especialmente difícil con los partidos catalanes que respaldaron el «procés», que han criticado duramente el apoyo que los socialistas dieron a la implementación del artículo 155 y que avalarán hoy la moción. En diciembre de 2015, tras las elecciones generales, el Comité Federal del PSOE fijó la imposibilidad de llegar a acuerdos con los independentistas como línea roja infranqueable en la búsqueda que Sánchez inició para ser presidente. Más recientemente, en enero de este año, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, descartó también a formaciones como ERC y el PDeCAT para buscar un cambio de Gobierno: «Los independentistas catalanes no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura». Apenas cinco meses después, Ferraz ha virado en su estrategia. Ayer Sánchez instó de nuevo a la responsabilidad de los 350 diputados, sin excluir, por tanto a los secesionistas catalanes.

La decisión adoptada esta semana por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de prescindir de los consejeros huidos y presos para formar Gobierno, y el probable levantamiento del artículo 155 como consecuencia de ello, ayudará a «destensar» las relaciones entre ambas administraciones. «Pasar pantalla y abrir un nuevo tiempo de diálogo y de consenso», fue el compromiso que Sánchez trasladó desde la tribuna del Congreso al portavoz del partido de Torra, Carles Campuzano. Pese a ello, las demandas de estas formaciones volverán a situar al líder socialista entre la espada y la pared. Tendrá que lidiar, por ejemplo, con las exigencias de los 17 diputados en el Congreso de los Diputados entre ERC y PDeCAT en torno a la situación de los políticos que se encuentran en prisión y huídos de la Justicia. En el caso de que el Ejecutivo y el Parlament catalanes consumen este desafío, será Sánchez el que deba dar respuesta desde el Gobierno en el caso de que opte por mantener la posición de firmeza que ha defendido en los últimos meses con su apoyo al Ejecutivo de Rajoy.

Con el objetivo de tender puentes, Sánchez planteó ayer la necesidad de buscar «soluciones políticas» dentro de la Constitución al conflicto territorial. Algo que a juzgar por la hoja de ruta que el president Torra esbozó en su discurso de investidura parece que no será suficiente. El sustituto de Puigdemont al frente de la Generalitat insistió en poner en marcha un «proceso constituyente» para dar cumplimiento al mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre y en volver a aprobar todas las leyes que en los últimos meses han sido anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Respecto a los nacionalistas vascos, la confirmación de Sánchez de que gobernará con los presupuestos aprobados en el Congreso la semana pasada permite dar cumplimiento a una de las dos exigencias que el PNV había puesto encima de la mesa para dar su «sí» a la moción de censura: respetar las partidas pactadas entre la formación nacionalista y el Gobierno de Rajoy. Con este movimiento, el grupo vasco ha podido salir airoso del giro de 180 grados que supone apoyar al Gobierno de Rajoy en la aprobación de las cuentas y facilitar su caída con apenas unos días de diferencia. La otra condición del PNV, aunque sin fecha, pasa por que Sánchez no convoque elecciones de forma inmediata.

Para satisfacer a Compromís, Sánchez deberá apostar por una agenda social como la puesta en marcha por el Gobierno valenciano encabezado por Ximo Puig y que ha permitido revertir las privatizaciones sanitarios. Su portavoz, Joan Baldoví, también sugirió a Sánchez que no haga coincidir las elecciones con las autonómicas del próximo año. Más difícil será alcanzar acuerdos con Bildu, más allá de las posiciones compartidas entre este partido y el PNV respecto a la sincronización de la agenda vasca con la catalana. La portavoz de la formación abertzale eludió plantear exigencias concretas y, aunque avanzó el voto favorable de su grupo, equiparó al PSOE con el PP en materias como el derecho a decidir o la política penitenciaria.