El Vaticano habría dado la espalda a los benedictinos del Valle de los Caídos en su particular cruzada contra el Gobierno para intentar frenar la resignificación de Cuelgamuros. Según ha confirmado LA RAZÓN, la Santa Sede no ve con buenos ojos el órdago que hace unos meses lanzaron a modo de recurso administrativo para paralizar cualquier reforma. Como ya adelantó este periódico, uno de los nueve recursos que solicitan la suspensión cautelar de todo el proceso de resignificación tenía un sello eclesial. Pues bien, es la comunidad contemplativa quien está detrás, tal y como expuso ayer Religión Confidencial. Ya el pasado mes de mayo el Ministerio de Vivienda denunció, sin citar expresamente a los monjes, que estos recursos ante el Tribunal Administrativo se habían realizado «de forma coordinada» con el fin de «perturbar el buen transcurso del procedimiento de contratación, siendo todos coincidentes en forma, contenido y fecha de presentación».

Lo cierto es que la decisión de la comunidad se hizo a espaldas de las negociaciones que se llevaron a cabo entre la Iglesia y el Gobierno. O lo que es lo mismo, ni el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ni el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que ejerció de interlocutor para abordar el acuerdo marco de la resignificación, sabían del giro dado por los monjes. Fue el propio Gobierno el que desveló la medida adoptada por los monjes benedictinos, con el correspondiente enfado de Moncloa, que llegó a pensar que la Iglesia adoptaba un «doble juego» que pudo dinamitar el diálogo abierto.

De hecho, según ha podido saber LA RAZÓN, este entuerto fue uno de los principales motivos por el que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, protagonizó un viaje exprés a Roma el pasado 24 de octubre para reunirse con Pietro Parolin. En la reunión mantenida entre ambos, Bolaños expresó al ‘premier’ vaticano su empeño de expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos. Eso sí , se habría mostrado abierto a la presencia de otra comunidad religiosa en el enclave.

Lo cierto es que, tras la salida del antiguo prior Santiago Cantera y de la negociación con la Iglesia cerrada en marzo, todo parecía haberse encauzado. Sin embargo, el recurso de los benedictinos y, sobre todo, la negativa en estos meses a dar un paso atrás, no solo habría molestado a Moncloa, sino también a Roma.

Así, en el encuentro que hace una semana mantuvo la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con el cardenal secretario de Estado, Parolin habría manifestado una vez más su respaldo a la vía del acuerdo con el Gobierno, frente al plante de los monjes. Máxime, después de las explicaciones dadas por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que detalló ante el ‘primer ministro’ vaticano las líneas generales del proyecto ganador del concurso convocado por el Gobierno.

La propuesta es la menos invasiva de todas las 34 presentadas. De hecho, no afectará a ninguno de los elementos religiosos del enclave. La intervención será mínima y se reducirá prácticamente a unos carteles explicativos en la basílica y su entorno. Así pues, se respetarán la entrada independiente al templo, las esculturas de la Piedad, de las virtudes teologales y de los cuatro evangelistas que están a los pies de la cruz de 150 metros que corona Cuelgamuros. Tal y como ha trascendido, el proyecto ganador se aprobó por unanimidad, lo que implica el respaldo implícito del sacerdote Daniel Escobar Portillo, presente como asesor litúrgico y que es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.

En cualquier caso, en Roma confían en que los monjes den marcha atrás y retiren el recurso, en tanto que el proyecto ganador no supone ningún cambio para la vida de la comunidad, la abadía, la hospedería o la basílica.

«Es justo situar todo este tema en un contexto donde el actor principal es el Gobierno, que es el que lanza el proyecto, pone los tiempos y las formas», señaló ayer por la mañana el cardenal arzobispo de Madrid sobre esta cuestión, durante la presentación de memoria de actividades de la Iglesia en la Comunidad de Madrid.

Cobo explicitó que su misión de interlocutor ha sido «entrar en diálogo y hacer valer los distintos bienes religiosos que hay en el monumento y en el proyecto para que se escuche y considere a la Iglesia». Más allá de esta tarea encomendada y validada por el Vaticano, subrayó que su única competencia sobre el enclave del Valle de los Caídos es «pastoral». «Cada una de las partes, tanto Santa Sede, como los monjes son soberanos para actuar en su potestad», aclaró. «El papel de la Iglesia de Madrid y del Arzobispado de Madrid es de papel pastoral, no tenemos más jurisdicción», sentenció.

Sobre al acuerdo con Moncloa que se forjó a principios de año, se mostró satisfecho de que se lograra cerrar con el Gobierno «un marco mínimo», que pasaba por «reconocer la basílica, garantizar la presencia de los monjes y la salvaguarda de todos los signos religiosos». A partir de ahí, y una vez que el Ejecutivo convoca el concurso de ideas, el purpurado asegura que su papel es «mínimo», más allá de que Daniel Escobar Portillo asesorara ante el jurado de esta convocatoria para que concretara en qué consiste reconocer «la sacralidad de la basílica y del entorno, un concepto que civilmente puede ser confusos». «No hemos estado en el concurso ni participado en la votación», remarcó el purpurado.

Además, apuntó que tanto los monjes como la Santa Sede son ahora los «interlocutores directos» con el Gobierno y serán ellos quienes «tendrán que concretar» cómo se resuelve. En cualquier caso, el cardenal de Madrid hizo hincapié en que «siempre hemos intentado que haya diálogo y hacer valer la presencia religiosa».