La versión del abogado del novio de Ayuso amenaza la defensa de García Ortiz

Carlos Neira, el que fuera abogado fiscalista del novio de Isabel Díaz Ayuso en la inspección fiscal a la que se enfrentaba con una de sus empresas, acudirá hoy a partir de las 09:00 horas a declarar como testigo ante el Tribunal Supremo.

Es el letrado que en nombre de Alberto González Amador trasladó por correo electrónico (el 2 de febrero de 2024) al fiscal de delitos económicos Julián Salto su disposición para «alcanzar una conformidad penal» que evitaría al empresario una condena a prisión.

También admitía que «ciertamente» se habrían cometido «dos delitos contra la Hacienda Pública» con la supuesta defraudación de más de 300.000 euros en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios anuales de 2020 y 2021 con la sociedad Maxwell Cremona.

El empresario se desmarcó de ese movimiento de su representante legal en su declaración como denunciante ante el alto tribunal y lo achacó a que Neira actuó «por su cuenta» y «sin su consentimiento».

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó incluso a asegurar ante el instructor que se enteró del ofrecimiento de pacto después de la filtración y a raíz de la nota en que la Fiscalía Provincial de Madrid daba cuenta de las conversaciones entre su abogado y el fiscal Salto.

Ese mail es el que acabó publicado (el 13 de marzo de 2024) en los medios de comunicación, tras pasar por las manos del fiscal general del Estado, al que se lo pasó la fiscal jefe provincial de Madrid, tras pedírselo esta a Salto.

Tanto Álvaro García Ortiz como María Pilar Rodríguez están siendo investigados en esta causa, precisamente, por su supuesta implicación directa en que se relevase este documento privado y confidencial de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tal y como ya informó LA RAZÓN, con el testimonio del socio del despacho Garrido, la defensa de Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos, quiere profundizar en la acreditación de que varios periodistas de «El País» ya conocían la existencia del correo electrónico, al menos, 24 horas antes que le fuese remitido el expediente –con el mensaje– al máximo responsable de la Fiscalía General del Estado.

La Abogacía del Estado quiere llevar a Neira a que admita en su comparecencia que los citados redactores se pusieron en contacto con él (el 12 de marzo) para confirmar si, en efecto, González Amador tenía intención de admitir los dos delitos contra la Agencia Tributaria para evitar una condena mayor.

Asimismo, la representación de García Ortiz pretende que aclare si envió el mail en cuestión a un «buzón genérico» de la Fiscalía de delitos económicos de Madrid, o, únicamente, a la dirección del fiscal Salto encargado del caso.

Pero hay que tener en cuenta que, como recordó el magistrado Ángel Hurtado, la Sala de apelación respaldó los indicios de que «fue el fiscal general del Estado el que le proporcionó» el correo a un periodista de Cadena Ser y ahí estaría la supuesta revelación de secretos por un funcionario público.

Esta declaración, que se une a la de los cuatro periodistas del viernes, la enmarcó el juez a una estrategia «dilatorio» de García Ortiz, ante la inminencia del fin de la instrucción y su procesamiento, junto a Rodríguez, como supuesta cooperadora necesaria. Tras todo ello, se verá si hay o no banquillo.