Terrorismo
Las víctimas reprochan a la Fiscalía que "salve" a los exjefes de ETA "para no molestar a Bildu"
Dignidad y Justicia achaca la absolución de Iratxe Sorzabal a su "pasividad", que contrasta con "el esfuerzo ímprobo" para tumbar el procesamiento de exdirigentes etarras por el asesinato de Miguel Ángel Blanco
Dignidad y Justicia (DyJ) achaca a la falta de diligencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la reciente absolución de la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal por el atentado frustrado de la banda terrorista contra el aeropuerto de Alicante en julio de 1995. La asociación de víctimas sitúa en el debe del Ministerio Público no haber aportado al juicio la "kantada" atribuida a la que fuera dirigente etarra, "que consta en un informe policial y habría supuesto la condena de la terrorista".
En un comunicado, la asociación que preside Daniel Portero señala que "así lo ha expuesto con toda claridad el tribunal de la Audiencia Nacional en la sentencia que ha considerado no probada la participación de Sorzábal en el atentado". La Sección Tercera de la Sala Penal, asegura, "ha afeado al fiscal" del caso, Carlos García Berro -a quien se refiere como el "fiscal de confianza de Álvaro García Ortiz"- que ese informe pericial caligráfico "fue ratificado en la fase de instrucción" en el juzgado pero "posteriormente el Ministerio Fiscal no lo propuso como prueba pericial, por lo que al no haber sido traído a juicio, y no haber sido sometido a contradicción entre las partes, no se puede tener como prueba de cargo contra la procesada".
Esa sentencia, añade, "también censura" al representante del Ministerio Público "por no aportar otro informe policial que analiza el comando que perpetró el atentado y las declaraciones de los agentes que lo elaboraron".
"Tampoco fueron propuestos como peritos los autores (del informe), que podrían haber arrojado luz acerca de la posible autoría de la colocación del explosivo", apuntaba el tribunal en el fallo, una "inacción", según Dignidad y Justicia, que obligó a la Audiencia Nacional, ante ese "vacío probatorio importante", a "declarar la absolución de la procesada". La asociación de víctimas se queja de que de esta forma la Fiscalía "ha vuelto a salvar a un dirigente de la banda terrorista de ser condenado".
"Esta pasividad del fiscal -denuncia- contrasta con el esfuerzo ímprobo que este mismo representante del Ministerio Público hizo para defender el desprocesamiento de los también exjefes de ETA Iñaki de Rentería y Mikel Antza en la causa que les investiga por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco", comportamiento que fue "reprochado" -recuerda- por la mayoría de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (13 de los 16 miembros), "que defendió que la causa no estaba prescrita y reprendió a García Berro por no leerse siquiera el sumario, pues ni siquiera se percató o quiso percatarse de las interrupciones de la prescripción que había en la causa".
"Prioriza el principio de jerarquía al de legalidad"
DyJ le considera "el fiscal de confianza de Álvaro García Ortiz en la Audiencia Nacional para las causas más delicadas y espinosas que afectan directamente al pacto encapuchado entre Bildu-ETA y el Gobierno sanchista".
Además de los casos de Miguel Ángel Blanco e Iratxe Sorzabal, García Berro -hace hincapié la asociación de víctimas- "es el responsable de la causa relativa a la comisión de presos de Sortu, donde evitó que el juzgado investigara a políticos socialistas, independentistas y nacionalistas vascos". Además, añade, "está al frente de la concesión de terceros grados y libertades condicionales para etarras, que en la práctica están siendo indultados a chorro desde su mando".
Respecto a sus vínculos con García Ortiz, trae a colación que ambos "mantienen una estrecha relación desde hace años" pues cuando el actual fiscal general del Estado fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) García Berro ejercía como secretario de esta asociación. Además, añade, ambos fueron vocales electos del Consejo Fiscal por la mencionada agrupación.
La actuación de ambos fiscales, asegura DyJ, "prioriza el principio de jerarquía al de legalidad" y "no solo hace un flaco favor a las víctimas del terrorismo, que durante décadas han confiado
sus vidas y las de sus familias al Estado de Derecho, sino que también desprestigia a la carrera fiscal, hoy más instrumentalizada que nunca por el poder político".