El PP vincula la urgencia de Sánchez con el CGPJ con la "corrupción" que le cerca

Gobierno y PP han sido alertados de que el próximo informe sobre el Estado de derecho en España, que se hará público en breve, será muy duro, pero repartirá críticas. Desde el PP sostienen que el ultimátum que el jueves lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) irrumpe en un marco en el que las negociaciones «iban bien», hasta el punto de que el acuerdo se iba a cerrar en Europa tras la publicación de ese citado informe. Contexto en el que el órdago de Sánchez ha hecho que se rompa el marco de confianza.

Moncloa sostiene lo contrario, insiste en que no había ningún principio de acuerdo y en eso justifican el ultimátum, que, en todo caso, no facilita que se cierre el acuerdo que lleva un retraso de más de cinco años y medio.

Síntoma de ello es que en Génova ligan la urgencia de Sánchez con los problemas judiciales que afectan tanto a su partido como a su entorno. O dicho de otra manera, al «caso Koldo» y al «caso Begoña Gómez». «Quiere controlar a los jueces por los casos de corrupción que les afectan», sentencian.

Dentro de las filas populares hay dirigentes, con responsabilidades de primer nivel, que consideran que el PP se equivocó al no renovar el CGPJ en su momento. Tampoco cumplieron el Congreso de los Diputados y el Senado con su obligación de impulsarla conforme al mandato constitucional. Pero todo ello no justifica el ultimátum de Sánchez, que consideran que es el fin de un sistema judicial homologable con el de las democracias de nuestro entorno.

La propuesta de reforma con la que Sánchez supuestamente quiere forzar el acuerdo con el PP solo lo dificulta, porque coloca al principal partido de la oposición en una situación en la que tiene muy difícil explicar que firma un pacto sometido a «una especie de chantaje». En el PP creen que Sánchez únicamente busca enmascarar una tercera modificación de la ley reguladora del Poder Judicial para privarle de sus actuales facultades de nombramientos en los más altos cargos jurisdiccionales. Hablan de «desmantelar» el Consejo con un ataque encubierto a la Constitución. La aclaración socialista de que Moncloa no tendrá ninguna competencia en el nombramiento de jueces no convence al PP ni tampoco a las asociaciones judiciales mayoritarias.

La capacidad del Gobierno de sacar adelante esta propuesta está por ver en una situación de precariedad parlamentaria que cada vez se hace más aguda. Y por eso, en el ámbito parlamentario creen que el presidente está intentando sacudirse su responsabilidad y echar una bomba de humo para distraer la atención de los frentes que tiene abiertos y que hacen que hasta uno de sus socios más estables, el PNV, esté avisando de que ve signos de que vamos a elecciones anticipadas junto a una repetición electoral en Cataluña. Esos frente incluyen las próximas novedades sobre el «caso Koldo», porque el volcado de los teléfonos móviles de la trama ya está prácticamente terminado. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha tenido que realizar un intenso trabajo para cruzar los datos de los teléfonos móviles, ordenadores, pen drives y discos duros incautados en los registros de la investigación.

Esto implica que Sánchez tendrá que lidiar con la presión de un marco de presunta corrupción que vuelve a la primera línea, mientras, al tiempo, tiene que gestionar la negociación en Cataluña, el daño que la crisis en Sumar ha hecho a su Gobierno y un Congreso que cada vez le da más la espalda.

Desde el lado socialista insisten, sin embargo, en que hay una salida negociada con ERC, que pasa por la investidura del exministro Salvador Illa, aunque haya que manejarla con cautela por la crisis interna de los republicanos y su división interna.

En cuanto a la estabilidad parlamentaria, advierten de que la agenda regeneradora que presentarán próximamente servirá para recuperar la unidad de acción en el Parlamento. Y sobre la respuesta judicial al ultimátum de Sánchez y a la amnistía, las voces oficiales advierten de que el Poder Judicial está actuando como «mano de una conjura de la derecha y la extrema derecha para tumbar al Gobierno» de Sánchez. En una guerra abierta que ya no tiene marcha atrás, en medios gubernamentales se escucha hablar del Poder Judicial como «una herencia del franquismo en la que todavía no se ha hecho la regeneración democrática que sí han vivido otros pilares del Estado, como las Fuerzas Armadas».