La plataforma Víctimas Alvia 04155 ha divulgado un informe de auditoría realizado por la Comisión Europea en 2018 que señala "notables deficiencias" en la aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria en España.

El informe, que se refiere específicamente al accidente de Angrois ocurrido en 2013, evidencia incumplimientos significativos de la Directiva de Seguridad 49/2004 de la Unión Europea, según denuncian las víctimas en un comunicado.

El documento subraya la preocupación por la falta de uso de sistemas de gestión de seguridad como herramientas clave para el control y mejora de riesgos, además de la ausencia de un vínculo claro entre la evaluación de riesgos y la vigilancia efectiva.

"Sin vigilancia, es imposible saber si el riesgo se encuentra efectivamente bajo control", destaca el informe, que considera estas carencias como un incumplimiento por parte de España de sus obligaciones en materia de seguridad ferroviaria.

Para las víctimas, la auditoría resulta "demoledora" y respalda la condena al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, emitida en el reciente juicio por el siniestro que dejó 80 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Condena que, sin embargo, ha sido rebatida por la Fiscalía, que ayer presentaba su recurso de apelación contra la sentencia del Alvia con un hilo argumental que busca la retirada de la acusación contra el exdirector.

La plataforma de víctimas, sin embargo, considera que el informe confirma que Adif no realizó análisis de riesgos ni implementó medidas de control en momentos clave, como la emisión del Certificado de Seguridad que permitió la puesta en marcha de la línea y la desconexión del sistema de seguridad por problemas de retrasos operativos.

Críticas al fiscal

En su comunicado, las víctimas critican al fiscal Antonio Roma, quien recurrió la sentencia para exculpar a Adif, acusándolo de no defender adecuadamente los intereses de la sociedad ni asegurar el cumplimiento de las leyes.

También recordaron que en 2014 solicitaron al fiscal investigar estos incumplimientos, recibiendo como respuesta la promesa de mayores indemnizaciones, pero sin avances en la investigación de las responsabilidades políticas y técnicas subyacentes al accidente.

El informe, fechado en 2019 pero divulgado recientemente, añade presión en el marco de un tragedia que ha llevado a abordar posibles carencias en materia de seguridad ferroviaria y dar respuesta a las demandas de las víctimas, quienes reclaman transparencia, justicia y medidas efectivas para evitar accidentes similares en el futuro.