El municipio coruñés de Ordes, en Galicia, ha sido escenario de uno de los casos más graves de maltrato animal registrados en España en los últimos años. La Guardia Civil ha desmantelado un criadero ilegal en Mesón do Vento, una parroquia del municipio, tras encontrar unos 250 cadáveres de animales, algunos en avanzado estado de descomposición e incluso momificados, junto a 171 ejemplares vivos que sobrevivían en condiciones infrahumanas.

El operativo, llevado a cabo por el Seprona, reveló un panorama dantesco: decenas de cuerpos de perros, aves y otras especies mezclados con animales vivos desnutridos, enfermos y hacinados en jaulas y perreras cubiertas de excrementos. Entre los animales rescatados se encontrabanchinchillas, caballos enanos y aves exóticas como cacatúas y guacamayos, algunas de ellas protegidas por el convenio internacional CITES.

Las condiciones del lugar suponían un grave riesgo sanitario, con instalaciones convertidas en auténticos focos de infección. En algunos casos, los animales vivos se alimentaban de los restos de otros ejemplares fallecidos. Los agentes también intervinieron medicamentos caducados y material veterinario sin licencia, lo que añade un presunto delito de intrusismo profesional a la lista de cargos.

La Consellería de Medio Ambiente actuó con rapidez tras el hallazgo, reubicando a los animales supervivientes en centros de acogida especializados y gestionando la retirada de los cadáveres a través de la empresa Gesuga. Muchos de los ejemplares rescatados presentan un estado de salud crítico y necesitarán semanas de cuidados intensivos.

El propietario de la finca fue detenido y se enfrenta a cargos por maltrato animal con resultado de muerte, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional veterinario. La investigación busca determinar desde cuándo operaba el criadero ilegal y si existen otras personas implicadas en su gestión.

Las autoridades han calificado el caso como “una de las escenas más impactantes y crueles jamás vistas en Galicia”. El suceso ha generado una profunda indignación entre colectivos animalistas y ciudadanía, que reclaman penas más duras y un mayor control sobre los criaderos clandestinos.