La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo en la protección de los profesionales del ámbito sanitario frente a la violencia, al someter a información pública el anteproyecto de ley que modifica la actual Ley de Salud Pública autonómica. La reforma, presentada esta mañana por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, busca prevenir y mejorar la respuesta institucional ante cualquier forma de agresión contra el personal del sistema sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado.

El texto estará abierto a aportaciones ciudadanas y de entidades interesadas hasta el próximo 23 de mayo. Una vez concluido este plazo, se solicitarán los informes preceptivos con el fin de llevar el anteproyecto al Consello da Xunta para su aprobación. La previsión del Gobierno gallego es remitir el nuevo texto al Parlamento en verano para su tramitación definitiva.

Durante una ronda de reuniones celebradas esta mañana, el conselleiro presentó los detalles de la propuesta legislativa a representantes de los servicios de emergencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de los colegios profesionales de médicos, enfermería y psicología. Acompañaron a Gómez Caamaño la secretaria general técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato; la directora de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde, Mar Pousa; y el director de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Román Gómez.

Por parte de los colectivos profesionales, estuvieron presentes representantes de Fegam, Asgate y Tesgalicia, tres entidades clave del transporte sanitario; así como miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los citados colegios profesionales.

El anteproyecto de ley

El anteproyecto introduce una definición más amplia y precisa de lo que se considera violencia en el ámbito sanitario, incluyendo no solo los actos cometidos durante la jornada laboral, sino también aquellos relacionados con el ejercicio profesional que ocurran fuera de ella.

Además, extiende la consideración de “profesional sanitario” a todo el personal vinculado al cuidado y traslado de pacientes, como los técnicos de emergencias y transporte sanitario. Galicia se convertirá así en la primera comunidad autónoma en incluir explícitamente a estos colectivos en el régimen sancionador por agresiones.

La reforma establece un régimen de infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones económicas que van desde los 300 hasta los 15.000 euros. Este régimen se aplicará también en centros sanitarios y hospitales privados, independientemente de si están concertados con la sanidad pública.

Otra de las novedades clave es la defensa jurídica automática del personal del Sergas por parte de la Administración autonómica en caso de agresión, así como la garantía de apoyo psicológico a los profesionales afectados. También se prevén medidas orientadas a protegerlos de manera efectiva frente a sus agresores, como el cambio de profesional asignado o incluso la adscripción del agresor a otro centro sanitario en los casos más graves.

El anteproyecto contempla, además, la creación de un registro único de actos de violencia en el ámbito sanitario y la puesta en marcha de un Plan gallego de prevención. Este plan incluirá acciones de formación, protocolos de actuación y campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general.