Rueda reivindica su plan de vivienda en Madrid y acusa al Gobierno de bloquear las soluciones para el acceso a un hogar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha situado este miércoles la política de vivienda en el centro del debate durante su intervención en el foro autonómico España 360, organizado en Madrid por Prensa Ibérica.

En este encuentro, dedicado a analizar los principales desafíos de gestión en el Estado de las autonomías, el mandatario gallego ha defendido el modelo impulsado por la Xunta para ampliar y diversificar el parque residencial y ha aprovechado para lanzar un mensaje contundente al Ejecutivo central: “Galicia no puede afrontar sola un problema de esta dimensión”.

Bajo este prisma, Rueda ha presentado ante los asistentes el proyecto piloto que la Xunta prevé poner en marcha en Ourense en 2026: la adquisición de bajos comerciales en desuso para transformarlos en viviendas protegidas a precio asequible.

La iniciativa, dotada con dos millones de euros, persigue recuperar espacios que llevan años vacíos y degradados en los centros urbanos, al tiempo que se habilitan nuevas alternativas habitacionales en un mercado tensionado.

Según ha explicado, estos locales en desuso “cumplen con las condiciones de habitabilidad que exige la normativa” y podrán convertirse en viviendas seguras, accesibles y con garantías.

Asimismo, ha lamentado la “demagogia” que rodea el debate sobre si pueden ser considerados hogares dignos. “Queremos demostrar que sí lo son”, ha afirmado, subrayando que la principal reticencia procede del prejuicio de quienes aún no los conciben como opción viable.

Hasta 8.000 viviendas públicas en 2028

El presidente ha situado este proyecto dentro de la estrategia global de la Xunta para reforzar la vivienda pública, y ha recordado que el Ejecutivo autonómico se ha fijado como objetivo alcanzar las 8.000 viviendas públicas en 2028, duplicando la cifra inicial.

Actualmente, Galicia tiene 2.985 viviendas “iniciadas” en distintas fases —un millar ya en construcción—, y las 1.000 restantes arrancarán en 2026, con actuaciones en Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense, A Coruña, Santiago, Ferrol, Mos y Vilagarcía.

Rueda ha destacado también el compromiso con los jóvenes: el 40% de las viviendas públicas en alquiler y el 25% de las destinadas a venta se reservarán para menores de 35 años. A ello se suman incentivos como la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 3% para quienes deseen comprar un inmueble en el mercado libre.

“Anuncios sin contenido” y fondos europeos en riesgo

En el tramo más político de su intervención, el presidente gallego ha acusado al Gobierno central de “bloquear” y retrasar las soluciones habitacionales que podrían estar en marcha. En primer lugar, ha criticado la ausencia de información sobre el nuevo plan estatal de vivienda, “anunciado tantas veces” y del que la Xunta aún desconoce en qué consiste, cuándo se pondrá en marcha o si permitirá la participación de las comunidades autónomas.

También ha alertado sobre los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A seis meses de que expire el plazo de ejecución, Galicia no sabe si habrá prórrogas ni si las partidas de vivienda quedan “blindadas”. “No tiene ningún sentido esta falta de claridad”, ha reprochado.

La Sareb, otro foco de conflicto

Rueda ha cargado además contra la Sareb por mantener viviendas vacías durante años y pretender venderlas “a precio de mercado”, incluso a las propias autonomías. A su juicio, la sociedad debería ceder estos inmuebles o venderlos a precios rebajados para destinarlos a usos sociales.

Asimismo, ha denunciado que Galicia no conoce todavía la ubicación exacta de muchas viviendas de la Sareb en su territorio porque “no se ha facilitado esa información”.

El presidente ha reivindicado la capacidad de la Xunta para actuar aunque el Estado no acompañe. Y ha recordado que Galicia creó su propia sociedad pública de vivienda hace un año —“cuando la estatal aún no existe”— y que ya promueve la mitad de los 4.000 nuevos pisos sociales comprometidos para esta legislatura. “Se puede cumplir la ley, se puede ser eficaz y se pueden solucionar problemas”, ha afirmado.