La Xunta de Galicia ha recordado a la familia Franco que está obligada a asumir el coste económico de abrir la Casa Cornide al público, como exige su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo recoge una resolución enviada por la Consellería de Cultura en respuesta a la propuesta de los herederos del dictador, que pretendían cumplir parcialmente esta obligación con visitas guiadas de lunes a jueves, de 9.00 a 13.00 horas, en cuatro turnos diarios con un máximo de cinco personas por turno.

El Gobierno gallego deja claro que “los costes económicos son una obligación inherente a los propietarios” de un BIC, por lo que rechaza cualquier posibilidad de asumir financiación pública para facilitar las visitas.

La advertencia se produce en el marco de un expediente sancionador ya en curso por el incumplimiento de los deberes de acceso público al edificio, que contempla una multa de 3.000 euros que la Xunta propuso el pasado mes de octubre.

Un bien cultural envuelto en la polémica

La Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII en el centro histórico de A Coruña, es uno de los principales ejemplos de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia. Fue propiedad del Ministerio de Educación y del Ayuntamiento de A Coruña hasta que, en 1962, pasó a manos de Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, en una operación que actualmente está siendo objeto de revisión legal por parte del Ayuntamiento coruñés.

El inmueble fue declarado BIC en 2020, lo que implica la obligación de permitir el acceso al público al menos cuatro días al mes. Sin embargo, la familia Franco lleva años sin cumplir ese requerimiento, defendiendo incluso en sede administrativa que el edificio tiene uso residencial privado y que por tanto debería estar exento de las obligaciones de apertura.

La Xunta ya desestimó en su día esa petición de exención, y ahora, en su reciente resolución, reafirma que no solo deben garantizar el acceso al público, sino también asumir los costes de su organización y desarrollo.

El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, lo explicó este miércoles en el Parlamento gallego, subrayando que la administración autonómica actuará con “exigencia estricta” ante cualquier intento de eludir la normativa cultural.

Sanción y proceso judicial en paralelo

Mientras se tramita la resolución definitiva sobre la propuesta de multa de 3.000 euros -que los Franco han recurrido con alegaciones aún en estudio-, el Concello de A Coruña continúa su proceso administrativo para revertir la propiedad del edificio. En abril del año pasado, el gobierno municipal anunció la revisión de oficio de la venta de la Casa Cornide a Carmen Polo, al tiempo que instó al Estado a revisar también la permuta de 1962 que permitió la transacción.

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró entonces que se trata de un paso más en el objetivo de recuperar para el patrimonio público un inmueble que, según diversos historiadores, fue entregado a la familia Franco mediante procedimientos opacos y con escasa transparencia administrativa.

Por ahora, la familia Franco puede recurrir la última resolución de la Xunta ante la vía contencioso-administrativa, pero el expediente sancionador sigue su curso. El Gobierno gallego ha reiterado que actuará con rigor ante cualquier infracción en materia de patrimonio, especialmente cuando se trata de un bien con valor histórico y simbólico tan relevante como la Casa Cornide.