El juez pide al Gobierno que solicite la extradición de Cubillas

Cubillas, el funcionario del Gobierno de Hugo Chávez acusado de dar cobertura a los miembros de la banda terrorista que supuestamente se desplazan al país sudamericano para recibir adiestramiento militar, está reclamado por delitos de tenencia de explosivos, colaboración con banda armada (por las FARC) y conspiración para cometer homicidios terroristas.

El magistrado asegura que Cubillas obtuvo la nacionalidad venezolana de forma "fraudulenta", únicamente para evitar ser extraditado a España, ya que sobre el etarra pesaban ya varias órdenes de busca y captura dictadas por la Audiencia Nacional por los delitos que cometió –incluidos asesinatos- durante su etapa como miembro del "comando Oker"de ETA. Velasco indica en el auto dictado hoy que la legislación del país sudamericano, en concreto el artículo 48 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, permite retirar la nacionalidad en estos supuestos, cuando se haya obtenido "en fraude de ley".

El juez intenta de esta forma eliminar el principal obstáculo que existe para la extradición de Cubillas a España. De hecho, Velasco destaca que tanto el embajador de Venezuela en España, Julián Isaías Rodríguez, como la fiscal general del país, Luis Ortega Díaz, "ya han adelantado a la prensa"que la voluntad del Gobierno de Hugo Chávez es "no acceder a la extradición"alegando la nacionalidad venezolana que ostenta Cubillas.

Tanto la Constitución de Venezuela como el propio Tratado de Extradición, en su artículo 8.1, indican que se puede denegar la extradición en el caso de que el reclamado tenga nacionalidad venezolana. Por todos estos motivos el magistrado Velasco propone que, de forma complementaria a la solicitud de extradición, el Ejecutivo español reclame al Gobierno de Venezuela "la revocación de la nacionalidad"otorgada a Cubillas.


Advertencia de Velasco
El magistrado también advierte al Gobierno en su auto que, de acuerdo con el Tratado de Extradición entre Venezuela y España, sólo se podrá reclamar la extradición, por lo que se refuerza la necesidad de pedir primero la retirada de la nacionalidad de Cubillas. El artículo 20 del citado tratado señala que "negada la extradición de una persona, por razones que no sean meros defectos formales, la parte requirente no podrá formular a la parte requerida una nueva solicitud de extradición por el mismo hecho".

En el caso de Cubillas, esto significa que si se pide ahora la extradición y Venezuela la rechaza, España no podrá volver a pedir la entrega del etarra en el futuro, aunque la investigación revele nuevos y más sólidos indicios contra él. El juez Velasco ha dado con este auto respuesta a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien el pasado lunes le pidió que iniciase los trámites para la extradición de Cubillas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se adhirió ayer, martes, a la petición del Ministerio Público.

Cubillas y otros cinco etarras –uno de ellos fallecido- se encuentran en busca y captura por orden del juez Velasco, quien les procesó el pasado mes de marzo en la causa que investiga la colaboración entre ETA y las FARC colombianas en territorio venezolano. Más recientemente, el juez Ismael Moreno denunció el papel desarrollado por Cubillas en el adiestramiento recibido en Venezuela por los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, pero no pidió su busca y captura internacional.

Las declaraciones de Atristain y Besance han sido incorporadas a la causa que instruye Velasco. Cubillas es el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que dirige el denominado "proceso de socialización de tierras ociosas", la política de nacionalización de terrenos desarrollada por el Gobierno de Chávez.


Asesinato de un policía 

Además de la causa abierta contra Cubillas por su presunta participación en el entrenamiento de terroristas en Venezuela y por su supuesta colaboración con las FARC, el etarra está procesado en la Audiencia Nacional por su participación en el asesinato en 1985 de Ángel Facal Soto. Cubillas fue procesado en 1985 por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por su presunta participación en este asesinato.

En diciembre de ese año el etarra fue declarado en rebeldía. Cubillas está acusado en esta causa de facilitar a su compañera del "comando Oker"Idoia López Riaño, alias "La Tigresa", la información que permitió el asesinato de Facal, a quien la banda terrorista considerada traficante de drogas. El asesinato tuvo lugar en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) el 26 de febrero de 1985.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a revisar la documentación relativa a esta causa para determinar si ha habido alguna actuación judicial que haya podido interrumpir la prescripción de este asesinato, fijado en un principio en 20 años. De demostrarse que esta causa todavía no ha prescrito, España podría también reclamar a Venezuela la extradición de Cubillas por su presunta participación en el asesinato de Facal.

Esta solicitud de extradición se cursaría de forma independiente, sin que este proceso se viera afectado por la petición de entrega del juzgado de Velasco. Cubillas también está acusado de haber participado, entre otras acciones del "comando Oker", en el asesinato del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún; y en el del policía nacional Máximo García Kleinte, perpetrado en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.

Las fuentes fiscales consultadas aseguraron que estas dos causas ya han sido declaradas prescritas, por lo que España no podría reclamar la extradición de Cubillas en base a estos presuntos delitos.