«Spanish costa»: acoso al español

A diferencia de lo que sucede con los inmigrantes de países subdesarrollados, los extranjeros de la vieja y rica Europa rara vez han sido mal mirados por reproducir milimétricamente sus modos de vida en la Península o formar grandes comunidades en núcleos de población pequeños. La tolerancia con sus billeteras siempre ha sido mayor. En España, según el censo del Instituto Nacional de Estadística, viven 387.226 británicos y 195.579 alemanes, concentrados especialmente en torno a dos provincias: Málaga y Alicante. En la primera, algunas denuncias en la prensa ya claman contra lo que califican de «colonialismo cultural».

¿Pasaría en Inglaterra?
Uno de los denunciantes más activos es José Antonio Sierra. En su comunidad de vecinos, los acuerdos se toman en inglés. Cada mes se pagan los servicios de un traductor al castellano porque el presidente y los vocales son angloparlantes y, aunque llevan varios años en España, no dominan la lengua. «Es incomprensible. En Inglaterra jamás consentirían una situación similar, pero en España renunciamos en nombre del turismo, desprestigiamos nuestra cultura», afirma. Hay que hacer un paréntesis. Dicho así, Sierra podría parecer un hombre de poco mundo, un españolista rancio, pero no. Este abulense, ya jubilado, fue director del Instituto Cervantes de Dublín y domina el inglés perfectamente. Se ha dedicado durante treinta años a enseñar el castellano en el extranjero. Pero aún hay más: en 2004, fundó Diversidad y Convivencia, una asociación para la difusión del catalán, gallego y euskera en Andalucía. «Con poco éxito. Encontré todas las puertas cerradas por prejuicios, pero mi único interés era promover la cultura española, de la que forman parte fundamental el catalán y el euskera», cuenta con cierto pesar. Con ese mismo espíritu ha iniciado una pequeña cruzada para que «se respete el castellano en las comunidades de vecinos, ya que muchos de los residentes en la costa no necesitan ni una palabra de castellano para viajar, comer, comprar o llevar sus negocios.

Liz Parry es la editora del diario «Sur in english». Al preguntársele si existe algún problema de convivencia, ella misma aborda la situación de las comunidades de vecinos: «Muchos extranjeros se reúnen en comunidades angloparlantes y surgen problemas en las fincas, porque hay que pagar a traductores. Al periódico llegan cartas de quejas pero no son problemas graves». Según esta periodista, que habla perfectamente castellano, los británicos y alemanes «vienen con buenas intenciones, pensando en aprender la lengua, pero luego se dan cuenta de que no lo necesitan. Además, cada vez más españoles hablan inglés».

«Piensan aprender»
Ante la situación, Sierra ha decidido ponerse en marcha. No acudirá a los tribunales, porque, dice, sus intenciones son «más profundas». Ha presentado un recurso ante del Defensor del Pueblo y ha solicitado reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado ante una situación de vacío legal. «La Ley de Propiedad Horizontal no exige un derecho constitucional: que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen la obligación de conocerla y el derecho a usarla». Ha salido muy decepcionado de reuniones con alcaldes de localidades como Benalmádena. Pero su protesta ha recibido cartas de apoyo de vecinos de Calpe, y poblaciones de la costa murciana y almeriense.

Per Svenson fue secretario general de la disuelta Asociación de Ciudadanos Europeos, nacida con el objetivo de integrar a los europeos en la sociedad española y autor de varios libros sobre la materia. «Estoy completamente de acuerdo que en muchos sitios existe un colonialismo cultural por parte de los extranjeros, no solamente en fincas, sino más frecuentemente en la hostelería, y hace mucho tiempo que estoy denunciando esta actitud», afirma vía correo electrónico. «Pero el problema no es solamente legal, es también práctico: gran parte de los dueños extranjeros de propiedades son jubilados o mayores con capacidad reducida para dominar nuevos idiomas. Si ponemos como condición legal que el presidente y los vocales de junta tienen que hablar en español y la lengua de la comunidad autónoma, reducimos su participación en un 99%. Muchos extranjeros van a ver esto como un imperialismo cultural en inverso, porque nadie les puede prohibir utilizar su lengua materna», argumenta Svenson.

Denominador común
También hay problemas en la hostelería «porque a veces no hay menús en español, y creo que ahora han hecho que sea obligatorio, pero no siempre se encuentran», explica Parry. Uno puede pasear por calles enteras de Fuengirola, Torremolinos, Torrox o Nerja, como en San Antonio (Ibiza) o L'Alfás del Pi (Alicante) sin encontrar un letrero en castellano, y, al contrario de lo ocurrido en Cataluña con los rótulos en catalán, nunca ha habido polémicas políticas. «Creo que todas las obligaciones son malas –dice Parry–. Mejor que cada uno haga lo que crea que es mejor y lo que le conviene, dentro de la ley». En cambio, Sierra opina que debe haber un mínimo común denominador en la lengua del Estado «y luego todas las que se quieran, cuantas más mejor».

Además de los pubs con moqueta y sillas de madera, «english breakfast» y de las pintas de cerveza, muchos residentes angloparlantes prefieren, a la hora de decantarse por servicios, los que ofrezca un operario en la lengua de Shakespeare: «El diario ‘‘Sur'' es gratuito, pero se financia por los anuncios por palabras que incluyen fontaneros o electricistas que hablen inglés, algo que muchos extranjeros demandan. Pero está bien que así sea, porque si todos aprenden español, mi periódico cierra y yo me quedo en la calle», dice entre risas Parry. ¿Tienen los españoles motivos para quejarse? «Creo que se dan cuenta de que dependen del turismo residencial y del negocio inmobiliario», responde.