Siete jueces del Supremo «marcan» el camino a Sortu para recurrir al TC

Así, al menos, lo sostienen los siete magistrados que han suscrito el voto particular contra la decisión mayoritaria de la Sala de denegar impedir la participación en los próximos comicios electorales a esa formación, para quienes esa resolución «no se aviene con la libertad ideológica» y el pluralismo político. Por ello, impedir que Sortu pueda participar en las elecciones municipales y al Parlamento navarro es «un riesgo objetivo, grave e inminente que atentaría contra los pilares básicos de nuestra democracia»

Tres aspectos esenciales, rechazo a la «violencia» de ETA, atentar contra los citados valores y principios constitucionales y la falta de pruebas que acrediten que Sortu no es más que una iniciativa fraudulenta para sustituir a Batasuna en una estrategia diseñada por la banda –como defiende la mayoría de la Sala del 61–, en los que la defensa de Sortu va a incidir en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Estos magistrados, sostienen fuentes jurídicas consultadas al respecto, han «marcado las gruesas líneas» sobre las que tendrá que pronunciase el Alto Tribunal.

Duras críticas a la mayoría
Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Manuel Sieira, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Alarcón son los siete magistrados discrepantes con la decisión de impedir a Sortu su presencia en las elecciones. En su opinión, se debería haber admitido la actividad política del nuevo partido hasta que no se demuestre «cualquier tipo de connivencia con el terrorismo, momento en que la ley –de partidos políticos– permite su ilegalización inmediata».

En su voto particular también hay un duro reproche a los magistrados que defendieron de forma mayoritaria que el rechazo a ETA era sólo «formal» y parte de la estrategia de la banda.
«La resolución mayoritaria desconoce totalmente el valor decisivo que la jurisprudencia otorga a la terminante renuncia de la violencia formulada en los estatutos del nuevo partido», critican al respecto los citado siete magistrados.

Y es que ese rechazo, en opinión del sector minoritario de la Sala del 61 del Supremo, junto a la falta de indicios de que Sortu no es más que una continuidad de Batasuna, son aspectos suficientes para cumplir lo dispuesto al respecto en la Ley de Partidos Políticos. «El carácter contundente del rechazo de la violencia contenido en los estatutos de la nueva organización política cuya legalización se pretende, en unión de la ausencia de indicios de continuidad orgánico-funcional y financiera entre el nuevo partido y los disueltos, cumple formalmente con los requisitos establecidos en la LOPP –Ley de Partidos– para la inscripción», afirman los discrepantes.

«Sumisión de ETA»
Ese rechazo a la «violencia» etarra se ha producido, según los documentos aportados a la causa, porque la banda perdió el «debate» sobre ese punto registrado entre la banda y el sector más radical de Batasuna, por un lado, y el «movimiento político abertzale» por otro. Por ello, no defienden como hipótesis «plausible» un «apartamiento de ETA por parte de la izquierda abertzale y de una sumisión de ETA a los nuevos criterios políticos, como resultado de la presión derivada de un fuerte debate interno, sin descartar la posible vuelta a las armas ante una nueva coyuntura».

De esta forma, frente a las «conjeturas» de la mayoría de la Sala, estos siete magistrados concluyen que Sortu es «un intento de una parte, al menos, del mundo abertzale de que en el País Vasco sean defendidas determinadas aspiraciones políticas independentistas por vías estrictamente políticas abandonando la violencia».

Rubalcaba: El TC y el TS son dos realidades distintas
El vicepresidente primero volvió ayer a pasar de puntillas sobre la conveniencia o no de legalizar Sortu antes de las municipales del próximo 22 de mayo. Eso sí, advirtió de que el Supremo y el Constitucional son tribunales diferentes y con autonomía el uno respecto al otro. De esta manera, dejó entrever que el TC puede fallar a favor de Sortu y en contra de la sentencia del Supremo.

Una paella para el ganador del «Faisán»
- El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, ha organizado un concurso a través de su web donde promete compartir una paella en El Palmar (pedanía situada entorno al lago de la Albufera) con aquellos que le ayuden a saber quién está detrás del «caso Faisán», que investiga el supuesto chivatazo con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión. Cotino ha colgado en su web un vídeo, también subido al canal de que dispone en YouTube, donde se plantea quién ordenó el chivatazo, si Zapatero o Rubalcaba, y plantea «quién pagó el dinero y dónde, qué están negociando y quién lo dirige».