El Consejo de Gobierno aprobó ayer la autorización de un convenio entre la Comunidad y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa que establecerá la financiación correspondiente a 2011 del nivel acordado para la aplicación de la Ley de Dependencia, por un importe total de 20,7 millones. El acuerdo establece, según explicó el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, que la aportación por parte de la Administración General del Estado será de 9,8 millones de euros, mientras que la de Comunidad Autónoma ascenderá a 10,9 millones de euros. De esta manera, el Estado asumirá el 47 por ciento del total y la Región de Murcia el 53 por ciento restante.

Para hacer la valoración que corresponde a cada persona que solicita la ayuda de dependencia, el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia establece tres grados y dentro de estos se encuentran tres niveles con prestación asistencial diferente. Desde el punto de vista económico existe un nivel mínimo, que le corresponde al Estado y, un segundo nivel, denominado como «acordado», que corresponde a las comunidades autónomas y a la Administración central, que es el que recoge el acuerdo.

Dentro de este ámbito, el Gobierno regional, según anunció su portavoz, dio luz verde a un convenio entre la Consejería de Sanidad y Política Social y el Ayuntamiento de Bullas por el que la Comunidad destinará 302.400 euros para contratar 18 plazas de centro de día para la atención a personas mayores dependientes. De esta manera, la Consejería distribuirá la cuantía total en tres anualidades para garantizar la prestación de este servicio a los vecinos de Bullas. En concreto, durante este año se destinarán 25.200 euros; 51.200 euros en 2012 y 126.000 en 2013.

Atención sanitaria asegurada
Por otro lado, el portavoz del Gobierno regional aseguró que la atención sanitaria en la Comunidad «no se ha dejado de prestar en ningún caso a ningún ciudadano de la Región», al tiempo que afirmó que este servicio «está garantizado a cualquier persona» aunque su tarjeta sanitaria haya sido dada de baja. Al tiempo que calificó como «insidiosas» las acusaciones que la responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, realizó al respecto. En este sentido, Ballesta hizo hincapié en que hay que distinguir entre la tramitación administrativa y la gestión burocrática, con lo que es la prestación o asistencia sanitaria. «Ni siquiera en esa comunicación insidiosa que se ha hecho hace referencia a la parte de la prestación sanitaria, y toda hace referencia a la gestión burocrática de la tarjeta sanitaria», agregó, en referencia las palabras de Rosique.

Asimismo, el portavoz autonómico explicó que puede haber personas que han finalizado el plazo de derecho al subsidio de desempleo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social les da de baja en sus registros de base de datos y lo trasmite a la Comunidad. Al respecto, indicó que la Región ofrece tres posibilidades. La primera de ellas es recomendar al afectado a que se incluya dentro de otro titular de su familia que esté en activo o trabajando, pero en el caso de que no fuera posible, la siguiente opción sería solicitar una tarjeta para «ciudadano sin recursos económicos suficientes». Al margen de estas dos, la Región aprobó en 2009 una resolución por la que se garantiza el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita a las personas que causen baja en la Seguridad Social, a las que se les dará siempre cobertura.
En cuanto al caso de los extranjeros empadronados en la Comunidad que se quedan sin empleo, el portavoz afirmó que la asistencia sanitaria es «exactamente igual que con los españoles» y reiteró que nadie ha dicho que haya ningún ciudadano que se haya quedado sin asistencia.