El comunicado también destaca que en la ley se contempla como legal la intervención sin participación judicial de páginas web.

El comunicado de la Asociación de Internautas ha utilizado referencias jurídicas para cuestionar la legalidad de la 'Ley Sinde'. El principal foco de polémica para la Asociación es la vulneración de derechos fundamentales. En particular entienden que con la aprobación de la ley se dejarían de respetar los derechos de libertad de expresión y la protección de datos privados.

La libertad de expresión quedaría limitada por la posibilidad de intervenir páginas web si se considera que pueden infringir derechos patrimoniales. El comunicado explica que el papel de los jueces en el proceso quedará prácticamente en nada con la aprobación de la ley.

En cuanto a la protección de datos, la Asociación entiende que la posibilidad de identificar a los proveedores de servicios sin su consentimiento es una violación de su derecho a la privacidad. En este sentido el comunicado utiliza distintas sentencias europeas en contra de este tipo de prácticas.

Uno de los argumentos principales de la postura de la Asociación de Internautas es que la las disposiciones de la ley no se corresponden con su forma, la de una ley ordinaria y no orgánica.

El comunicado finaliza criticando las referencias al cobro del Canon y los afectados por la nueva ley. En cuanto al canon, la Asociación de Internautas defiende que se haga una correcta interpretación de la norma y las directrices del Tribunal de Justicia europeo. De esta forma el comunicado demanda un mayor control sobre las interpretaciones de la ley por parte de las asociaciones gestoras de derechos.

La Asociación finaliza explicando qué sujetos se verán afectados por la aprobación de la 'Ley Sinde'. En el comunicado se explica que serán "cualquier responsable del servicio de la sociedad de la información que esté realizando una conducta presuntamente vulneradora de los derechos de propiedad intelectual". En el último apartado señalan servicios de radiodifusión y servicios similares no se verán afectados por la ley, haciendo que prácticamente Internet sea el actor investigado.