Roca desvincula a Julián Muñoz del cobro de sobornos a empresarios

MÁLAGA- El presunto cerebro de la trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, desvinculó ayer al que fuera alcalde de la localidad malagueña Julián Muñoz del cobro de gratificaciones procedentes de empresarios de la construcción y atribuyó el dinero que repartió entre los concejales a un «acuerdo político» que perseguía mantener la unidad del equipo de gobierno que derivó tras la moción de censura presentada contra el alcalde electo en los comicios de 2003.

Según el que fuera gerente de Urbanismo, estos concejales «desconocían» el origen de unos cobros que no estaban condicionados a la concesión de licencias urbanísticas, al insistir en que «si el pago estuviera asociado a una resolución administrativa, estaría asociado también a una ratificación del convenio, cosa que no ocurría». Durante su declaración en la sesión de ayer del juicio por el «caso Malaya», incidió en que «difícilmente se puede retribuir una resolución administrativa que no se ha producido», negando así la posibilidad de que el pago estuviera supeditado a tal fin.

Roca reiteró a preguntas del fiscal Anticorrupción que el dinero que percibió de determinados promotores fue a cambio de asesoramiento en materia urbanística, contraprestación económica que el Ministerio Público atribuye a un delito de cohecho.

El supuesto urdidor de la trama de corrupción marbellí volvió a aludir a la campaña electoral del año 2003 a la que concurrieron «divididos» el ex alcalde Jesús Gil, presidente entonces del Grupo Independiente Liberal (GIL), y el candidato de esta formación política a los comicios, Julián Muñoz, para asegurar que las «desavenencias» que nacieron entre ambos motivaron que Gil asignara a Roca la dirección de la campaña.

«Yo actuaba un poco de tesorero, le daba el dinero a quien Gil me decía», reconoció el ex asesor, tras confirmar algunas anotaciones de los archivos Maras Asesores, que aluden a estas aportaciones para la campaña, como las de los empresarios José Ávila Rojas o Fidel San Román, acusados en la causa.

Además, reconoció que cuando alguna de sus sociedades necesitó liquidez, obtuvo fondos del dinero destinado a la campaña electoral, del que dijo fue en su momento «devuelto».