Un juzgado investigará al director del BOE por el decreto «anti-deuda»

El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha abierto diligencias previas en relación a la denuncia presentada por falsedad documental por Manos Limpias contra el director general del BOE, Fernando Pérez Sánchez. El pasado 2 de junio, el sindicato denunció a Pérez Sánchez por la modificación del decreto ley con el que el Gobierno quiso poner coto al endeudamiento crónico de los ayuntamientos. En principio, la fecha tope elegida era el pasado 1 de junio, pero ese plazo se retrasó finalmente tras las críticas de los alcaldes hasta el 1 de enero de 2011. Ese cambio de fechas se realizó bajo el paraguas de una «corrección de errores» el pasado 25 de mayo, cinco días después de que se firmara el decreto. Según Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, al tratarse de una modificación sustancial de su contenido, el Gobierno debería haber optado por modificar el decreto-ley. No hacerlo así, defiende la agrupación denunciante, supone que se incurrió en un «presunto ilícito penal».La característica del decreto-ley es, subraya en su denuncia Manos Limpias, su urgente necesidad, una premisa que «no existe» en este caso «pues la medida se aplaza siete meses». Igualmente, recuerda que tras conocerse las intenciones del Gobierno, «alcaldes, presidentes de diputaciones y cabildos convocaron plenos la noche del día 24 de mayo». El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), añade, «amenazó con dimitir» y «se presionó» al Ejecutivo «para que se rectificara el contenido o epígrafe referente al endeudamiento de las Corporaciones locales» (artículo 14.2 del decreto) y se aplazara hasta el 1 de enero del próximo ejercicio.«Es evidente –continúa la denuncia– que el contenido, sentido y finalidad de la norma se modifica» al cambiar la entrada en vigor, lo que supone una alteración «no aparente, sino real». Dada la condición de funcionario y autoridad del director del BOE, Pérez Sánchez habría cometido –mantiene el sindicato– un delito de falsedad en documento público pues, insiste, actuó «consciente y a sabiendas de que no se trataba de un error». «En lugar de advertir de la improcedencia de encuadrarlo como corrección de errores lo plasma en el BOE», se queja Bernad, para quien en el decreto se adoptaron «decisiones manifiestamente falsas con cambio sensible y notorio de la realidad».El juez ha citado a Bernad para que ratifique la denuncia el próximo día 29, pero esta comparecencia podría ser innecesaria, dado que la intención del sindicato es presentar una querella por este motivo la próxima semana.