El fin de las «cárceles» de extranjeros

MADRID- Los centros de internamiento de extranjeros (CIE), lo que muchos conocen como «cárceles» para inmigrantes, se «humanizan». El Gobierno dispone ya de un anteproyecto de real decreto que regula el régimen de funcionamiento interior de estos centros a los que van a parar los extranjeros que tienen una orden de expulsión. Allí coinciden desde aquellos que no cuentan con los papeles en regla para residir en España y que aguardan a que se sustancie su expediente administrativo para devolverlos a su país, hasta los que han cometido delitos menores y a los que el juez sustituye la pena de cárcel por la expulsión. Están privados de libertad durante un máximo de 60 días como una medida cautelar para garantizar que cuando pueda ejecutarse la expulsión la Policía pueda localizarlos y llevarla a cabo. En España están en funcionamiento nueve de estos centros con capacidad para 1.224 personas, según datos de Interior. En el último año su ocupación no ha sobrepasado el 70%.

La novedad de este anteproyecto al que ha tenido acceso LA RAZÓN reside en que, por primera vez, una norma regula al detalle el funcionamiento interno de estos centros. La orden que contemplaba su existencia, del año 1999, dejaba sin determinar todos estos aspectos. Éstas son las principales novedades que introduce la norma:


NUEVA DENOMINACIÓN
En lugar de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) pasan a denominarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE). Los internos no podrán salir a la calle pero podrán moverse libremente por el centro, recibir visitas y hacer llamadas telefónicas a sus familiares.

JUECES ESPECIALIZADOS
La normativa regula la figura del juez de control de estancia que ya contemplaba la última reforma de la Ley de Extranjería. Su función es garantizar los derechos de todos los internos, que pueden dirigirse directamente a él si consideran que se ha menoscabado alguno.

GESTIÓN
Hasta ahora, el control, la seguridad y la administración de los centros quedaba en manos de la Policía. Ahora, la dirección y la seguridad seguirán dependiendo del Ministerio de Interior, pero las labores administrativas y de asistencia podrá realizarlas cualquier otro funcionario de la Administración del Estado.

ONG MÁS ACTIVAS
Hasta ahora, las ONG podían visitar a los internos, pero con la nueva normativa también se podrán ocupar de organizar actividades sociales.

INSTALACIONES Y MEDIOS
Las instalaciones «deberán satisfacer las condiciones de higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, alumbrado y calefacción se ajusten a las normas de habitabilidad», dice el texto. Además, «habrá módulos para la separación por sexos, y se facilitará la reagrupación familiar de los internos». Los internos con algún tipo de enfermedad contagiosa o toxicomanía estarán separados del resto y no habrá celdas de aislamiento.
Los centros deberán contar con «instalaciones adecuadas para actividades de ocio, entretenimiento y deportivas, así como un patio para el paseo de los que estén ingresados». Incluso, deberán tener espacio para el almacenaje «seguro» de los equipajes y de efectos personales de los internos. Y además se incluye la custodia de dinero en efectivo y objetos de valor. Los centros también dispondrán de «un número suficiente de teléfonos públicos» para el uso de los extranjeros, que podrán comunicarse libremente con sus familiares o con los representantes diplomáticos o consulares de su país.

VISITAS
La dirección del centro fijará al menos dos días a la semana para visitas en un horario determinado. La familia directa del interno podrá acudir todos los días. La duración de los encuentros no podrá ser inferior a 30 minutos.

PRÁCTICAS RELIGIOSAS
El personal deberá respetar la libertad religiosa de los internos y se facilitará que puedan mantener sus ritos y alimentación.

MEDIDAS COERCITIVAS
El director podrá acordar el empleo de medidas de contención física así como la separación preventiva del interno en una habitación individual.

Centros bajo el punto de mira
- Febrero de 2012: fuga de tres internos en el CIE de Aluche. Dos fueron interceptados, pero otro logró escapar.
- Enero de 2012: un interno guineano de 21 años falleció en el CIE de la Zona Franca de Barcelona por problemas respiratorios.
- Diciembre de 2011: una mujer congoleña de 41 años fallece en el Hospital 12 de octubre de Madrid. La fallecida, en el CIE de Aluche desde noviembre, fue trasladada poco antes de morir
- Junio de 2011: Una mujer boliviana denuncia los malos tratos sufridos por su marido en el CIE de Aluche, después de que se negara a abandonar el centro para regresar a su país.