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Los sindicatos retoman el acoso al Gobierno regional

Los ocho sindicatos que componen el Comité de Crisis contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas (Satse, UGT, CCOO, C.SIF, Sterm Intersindical, Anpe Murcia, Sidi y SAE) informaron ayer que han decidido nuevamente retomar el seguimiento del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, así como de los consejeros del Gobierno regional durante los actos institucionales previstos.

Algunos de los asistentes a la última manifestación, el 12 de febrero, ante la casa del presidente de la Comunidad
Algunos de los asistentes a la última manifestación, el 12 de febrero, ante la casa del presidente de la Comunidadlarazon

El acoso a los responsables autonómicos es considerado «de aplicación inmediata», por lo que los sindicatos comenzarán a ejecutarlo «mañana mismo» (hoy), según subrayaron los representantes de Anpe, Francisco Espinosa; de CCOO, Pedro Manuel Vicente; de Sterm, Alicia Poza; de CSI.F, Antonio Tomás; de Fete-UGT, Antonio Francisco Fernández, y de Sidi, José María González.

Esta medida, con la que pretenden mostrar su rechazo a la nueva normativa, ya fue acordada por las organizaciones sindicales hace dos semanas. Sin embargo, decidieron interrumpirla tras conocer la deleznable paliza que recibió el titular de Cultura, Pedro Alberto Cruz, el pasado sábado 15 de enero. Pero parece ser que para los sindicatos las aguas vuelven a su cauce, ya que tan sólo una semana después de la agresión a Cruz, cuando ni siquiera el titular de Cultura ha regresado a su puesto de trabajo, las organizaciones acuerdan seguir adelante con la persecución.

Según resaltó el representante de CCOO, los sindicatos se han puesto de acuerdo «por unanimidad y sin fisuras», siempre que las movilizaciones «se hagan de forma pacífica sin altercados de ninguna clase». Así, reconoció que «no tienen miedo» de quienes «tratan de vincular el seguimiento con otros acontecimientos sucedidos en días pasados», en referencia al asalto a Cruz.

El itinerario será el mismo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia decidió ayer, en una sesión urgente, que el itinerario será el previsto inicialmente por los convocantes para la manifestación de hoy, contra los recortes del Gobierno regional, de forma que discurrirá por la Gran Vía de Murcia, pasando delante de la casa del presidente de la Comunidad.

De este modo, deja sin efecto la orden en la que obligaba a la Delegación del Gobierno a modificar el itinerario de la protesta y levanta la medida provisional que se adoptó el pasado 21 de enero.

Asimismo, del auto dictado se entiende que «no concurren circunstancias de entidad suficiente como para mantener la medida provisionalísima» que se adoptó previamente, ya que es competencia y responsabilidad de la Delegación del Gobierno, añade, «el mantenimiento del orden público a cuyo fin se ha acreditado la adopción de medidas preventivas específicas».

El TSJ también considera que del «buen orden de las reuniones y manifestaciones» serán responsables los organizadores, quienes, en todo caso, «deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas» y que no se produzcan incidentes.

De tal forma, la Sala de lo Contencioso admite el recurso opuesto por el Abogado del Estado y demás partes codemandadas (UGT, CCOO y Sterm), ordenando así, que se continúe el procedimiento por los trámites especiales de protección de derechos fundamentales. El hecho se encuentra en que el Gobierno regional, según la Sala, «no es promotora de la manifestación», por lo que carece de legitimación. Sin embargo, apunta que en lo que respecta a los derechos fundamentales cuya protección se invoca, «se afirma que la legitimación no correspondería a la Comunidad, sino a su presidente de forma personal».

Según los razonamientos jurídicos, lo Contencioso explica que en lo referido al carácter personal de los derechos que se invocan, el Ejecutivo murciano pretende declarar la vulneración de estos derechos fundamentales por los perjuicios que se puedan derivar por el hecho de que la manifestación transcurra por delante de la casa de Valcárcel. Aunque destaca la dificultad «de separar la actuación estrictamente particular del presidente de su esfera pública cuando, precisamente, su domicilio ha sido objeto de ataques porque es el presidente del Gobierno regional».

De igual forma, se ignora el itinerario alternativo del Ayuntamiento de Murcia que discurriría en torno al río Segura debido a las «múltiples» quejas de vecinos, comerciantes, trabajadores de la zona y ciudadanos en general, quienes habían elevado al Consistorio por «los retrasos en el transporte público, los colapsos de tráfico y las molestias generalizadas que ocasionan estas manifestaciones recurrentes a los usuarios de la Gran Vía».

Amenazas de los docentes

Por otra parte, cabe destacar que los seis sindicatos con representación en el sector de la enseñanza (Anpe, CCOO, Sterm Intersindical, Fete UGT, Sidi y CSI.F) anunciaron ayer que han seleccionado una serie de medidas entre las más de las cien propuestas por los profesores de los claustros y las asambleas comarcales desarrolladas durante las dos semanas pasadas.

Tal es así, que el Comité ha catalogado las medidas y ha seleccionado parte de ellas para su ejecución inmediata, esta semana, mientras que la semana próxima volverá a anunciar otras y así, en función de la evolución del conflicto», según destacó el representante de Anpe.
Por lo que, la primera propuesta adoptada por los sindicatos es continuar con las manifestaciones que se vienen realizando y que según ellos, «va a ser pacífica como las anteriores».

Además, hicieron un llamamiento a la no participación del profesorado en las actividades extraescolares con motivo de la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, ya que «los docentes no están obligados a participar en ellas».

Entre las futuras medidas se encuentra también el bloqueo de las páginas web de los colegios e institutos y la colocación de carteles y pancartas en el exterior de los centros, e instar a los funcionarios a que retiren sus cuentas de las dos cajas de ahorro con implantación en la Región.