Sevilla

Manos Limpias se queja ante el CGPJ por la falta de medios en el juzgado

El sindicato Manos Limpias ha dirigido una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido «a la falta de medios personales en el sumario que se instruye en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla».

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una reciente rueda de prensa en Sevilla
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una reciente rueda de prensa en Sevillalarazon

Es decir, la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares que en estos momentos ocupa a la juez titular Mercedes Alaya. Esto podría «provocar una vulneración del principio constitucional de tutela judicial efectiva», según el sindicato.

¿Qué argumentos esgrime Manos Limpias? Primero, que «Alaya está instruyendo dos macro-sumarios: Mercasevilla y el de la trama de las prejubilaciones». Segundo, que la titular del juzgado «dispone únicamente de una funcionaria a su servicio en un sumario, el de Diligencias Previas 174/2011, referente a los ERE de prejubilaciones, para un volumen de trabajo que de momento tiene acumulados más de 55.000 folios de documentación. Es a todas luces insuficiente la disponibilidad de medios personales para instruir uno de los mayores casos de corrupción». Tercero, que «la Junta de Andalucía ha reducido de cinco a uno el número de policías judiciales que en ese juzgado de Instrucción número 6 estaban investigando las diligencias previas, con lo que las dificultades para efectuar averiguaciones han quedado reducidas a la mínima expresión».

«La tutela judicial efectiva –continúa el escrito dirigido al CGPJ– reconocida en nuestra Carta Magna quedaría sin efecto si estas instrucciones se alargaran o se demoraran en el tiempo, como causa y consecuencia de no haber habilitado los mecanismos corespondientes de apoyo de medios personales para que los referidos sumarios puedan adecuarse a tiempos razonables».

El sindicato Manos Limpias ya ha presentado una querella por la trama de los ERE, que ha sido admitida a trámite. Apunta los posibles delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa. Entre los querellados se encuentra el ex consejero Antonio Fernández, aunque tal y como dijo el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, pueden llegar «a las más altas instancias».