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Emprendedores contra la crisis

Tiempo de lectura 4 min.

01 de octubre de 2011. 22:01h

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2/10/2011

En la legislatura que ahora acaba, 168.000 empresas se han visto obligadas a cerrar. La  cifra es la consecuencia directa de la gestión socialista de la crisis y del colapso económico consiguiente. Esas decenas de miles de pequeños o medianos negocios que echaron el cierre en estos años propiciaron buena parte de esos cinco millones de personas sin trabajo que España padece en la actualidad. Para entender la trascendencia de esos emprendedores y autónomos, que mantienen el 80% del tejido empresarial, hay que partir del hecho de que crean el 90% de los puestos de trabajo. Hablamos, por tanto, de que esas pequeñas y medianas empresas constituyen en buena medida el músculo económico del Estado y de que el desmoronamiento que reflejan las estadísticas ha debilitado estructuralmente nuestra capacidad de recuperación.

Por tanto, revitalizar ese núcleo formado por pymes y autónomos será una prioridad del nuevo Gobierno. «Las razones del cambio» describen hoy en una extensa e intensa radiografía el presente y el futuro de los emprendedores y de los diferentes sectores protagonizados por este colectivo. Los análisis de los expertos consultados son concluyentes sobre las negativas consecuencias del vigente marco regulatorio, laboral, fiscal y de unas condiciones financieras que han lastrado la capacidad de estas empresas para adaptarse al brusco descenso de la actividad económica. Citar que la tasa de emprendimiento española es la más baja de Europa o que en 146 países de un total de 183 es más fácil crear una empresa que en el nuestro supone señalar carencias fundamentales que gripan un engranaje clave del motor económico.

Muchas son las intervenciones legislativas necesarias, pues la Administración socialista se ha caracterizado por la desatención hacia las empresas. Las reformas estructurales emprendidas han sido tardías e insuficientes, y sus efectos apenas se han percibido porque se renunció expresamente a actuaciones ambiciosas y consistentes. Lo urgente será, por tanto, facilitar el acceso a la financiación y a incentivos fiscales, limitar las trabas administrativas, sobre todo en la creación de empresas, flexibilizar las relaciones laborales y trabajar por garantizar la unidad de mercado.

Mariano Rajoy ha entendido con acierto que las pequeñas y medianas empresas resultarán imprescindibles para el objetivo primordial de su proyecto,  la creación de empleo. Ayer en Valencia, el presidente del PP detalló un paquete de medidas para favorecer a los emprendedores y estimular la actividad. Iniciativas como una bonificación de 3.000 euros al empresario que contrate a su primer trabajador y la reducción de diez puntos en el Impuesto de Sociedades para las empresas que reinviertan sus beneficios. Rajoy comprometió también una reforma de la reforma laboral que consagre los convenios de empresa, otra de la administración, que ahorre gastos y prescinda de tanta regulación, y la culminación de la reestructuración bancaria para que fluya el crédito. España necesita un tejido empresarial importante y para ello debe apostar con decisión y recursos por los emprendedores y los autónomos. Es el camino más recto a la recuperación y los planes de Rajoy  van en la dirección correcta.

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