VALENCIA- La nueva remesa normativa que el Consell ha puesto en marcha para acotar y reducir el gasto de las empresas públicas impide que éstas continúen siendo las centrifugadoras de la deuda pública. El decreto del sector público empresarial prohibe que estas entidades acumulen deuda. El problema es cómo hacer rentable empresas de carácter deficitario, como Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

El mecanismo ya se ha puesto a prueba en otras autonomías y se utiliza también en Renfe. Se trata del contrato-programa. Este convenio suscrito entre la empresa pública y la Generalitat establece cuánto debe pagar la Administración por los servicios que desempeña la entidad, por lo que desaparece el concepto clásico de subvenciones.

Se regulan las condiciones del servicio, es decir, el número de metros o tranvías y a cambio, la Generalitat otorga una determinada cantidad. Si se sobrepasa el gasto, FGV recibirá una penalización.

El contrato- programa tendrá carácter plurianual y deberá recoger cuáles son las actividades que deben estar financiadas por la Administración. Se tendrán en cuenta aquellas líneas donde el servicio supone un mayor coste, pero no se contempla su eliminación, tal y como se comprometió recientemente la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, puesto que se consideran un servicio público esencial.

En este documento quedan determinadas cuáles son las áreas de actividad de la empresa y los objetivos que debe cumplir. Además, incluirá la participación de la empresa privada a través de la externalización de los servicios o con la puesta en marcha de nuevas líneas de negocio que supongan ingresos para la empresa privada.

Una comisión de seguimiento, formada por representantes ambas partes, vigilará el cumplimiento del contrato, y también será el organismo que podrá determinar modificaciones del mismo.

Esta fórmula se va a utilizar en otras empresas públicas, como en RTVV. El objetivo es alcanzar una mayor eficiencia y sobre todo, la máxima rentabilidad.

En ambos casos, se contempla la reestructuración de la plantilla y la consecuente ejecución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Además, todo apunta a que serán los más numerosos de todos los que se van a realizar en este tipo de entidades.

Si en RTVV se aprobó el despido de 1.198 trabajadores, la cifra máxima para FGV oída hasta el momento es de 500. Sin embargo, la Generalitat no ha querido confirmar este extremo.

Un ERE complicado
La plantilla fija de FGV está formada por 1.646 personas. 496 son maquinistas y 396 trabajan en las estaciones. Realizan dos turnos para atender el horario de atención al público. 194 personas componen el personal de talleres, 114 son interventores y en tareas de administración están empleadas 171. El resto de personal, hasta llegar a los 1.805, contando los que tienen un contrato temporal, se distribuye en técnicos, puestos de mando, mantenimiento e información. En estos grupos existen tres turnos para cubrir las jornadas de mañana, tarde y noche.