
Elecciones en Ecuador
Las privadas recurrirán la imposición de normas para informar sobre campañas electorales

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) comunicó ayer su decisión de recurrir por la vía contencioso-administrativa la Instrucción de la Junta Electoral Central que interpreta el artículo 66 de la reformada Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
A juicio de UTECA, la Instrucción de la Junta Electoral Central «es inédita, impensable e innecesaria en las democracias formales con libertad de prensa». Las televisiones comerciales afirman, además, que dicha instrucción obliga a las «privadas a cubrir las campañas electorales conforme a estrictas cuotas partidistas, en vez de con criterios profesionales».
Hoy comienza la campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales y UTECA ha decidido que las televisiones que la integran «continúen elaborando sus informativos y programas de actualidad con los mismos criterios periodísticos que han aplicado desde la aprobación de la Constitución de 1978».
Caliente informativamente hablando comienza la campaña, «con más amenazas y dificultades para el trabajo de los profesionales y para la libertad de información», según la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).
Al obligar a las televisiones a seguir criterios de proporcionalidad, se impide que los profesionales de la información «puedan desempeñar su trabajo correctamente y con independencia», afirman desde el FeSP, y añaden que con esta reforma «se ha legalizado la práctica de utilizar en los espacios informativos el mismo criterio que en los bloques electorales gratuitos de propaganda electoral». Los sindicatos de periodistas consideran que este ataque a la libertad de información afecta «a todos los medios, tanto públicos como privados, y constituye una intromisión partidista» en un derecho constitucional fundamental.
La FeSP hizo también un llamamiento –como viene haciendo hace años– para que los periodistas no cubran ruedas de prensa sin preguntas y para que los directores no envíen redactores a esas convocatorias ni informen de su contenido.
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