El fraude de las ayudas de la UE alcanza los 3790 casos

SEVILLA- La introducción de «intrusos» en los ERE financiados por la Junta de Andalucía es el fraude más importante detectado en la Consejería de Empleo pero no el único. El dinero que abonaba la Unión Europea para incentivar la contratación indefinida también ha tenido un uso indebido. En este caso, los responsables del desfalco son las empresas, pero el Ejecutivo andaluz tampoco detectó las irregularidades y ha sido una investigación de la Guardia Civil la que lo ha descubierto.

Según detalló ayer en el Parlamento andaluz el consejero de Empleo, Manuel Recio, su departamento ha contabilizado ya 3.790 casos en los que se han recibido las subvenciones sin cumplir la normativa tras revisar las vidas laborales de 15.063 personas. El procedimiento era siempre el mismo: la empresa formalizaba un contrato indefinido a un trabajador, recibía a cambio una ayuda que oscilaba entre 1.500 y 3.000 euros y se comprometía a mantenerlo en plantilla durante cuatro años.

La realidad era otra: ingresado el dinero, se despedía al empleado y no se reintegraba la ayuda financiada en un 80 por ciento por la UE y el resto por el Gobierno autonómico. Mientras, la Junta de Andalucía no se enteraba de nada.

La justificación del Gobierno andaluz es otra. Asegura que muchas pymes han despedido a los trabajadores sin mantenerlos en plantilla el tiempo al que se comprometieron por culpa de la crisis y que no ha existido ánimo de defraudar. Lo que es cierto es que en la mayoría de los casos las cantidades no se devolvían. Sí hay constancia de 7.069 reintegros de ayudas entre 2007 y 2010.

Mantiene además que no se trata de un hecho exclusivo de Andalucía y que esta circunstancia también se ha dado en el resto de comunidades autónomas, «incluidas las gobernadas por el PP como Valencia, Madrid o Galicia». La investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Superior del TSJA sólo ha revelado este fraude en siete de las ocho provincias andaluzas y en él estarían implicadas 5.870 empresas. Además, la cifra de irregularidades detectadas aumentará en los próximos días, ya que quedan por revisar 44.177 vidas laborales.

Como en el caso de los ERE, la Junta revisará ahora la normativa, después de que entre 2003 y 2010 se concedieran incentivos a la contratación indefinida por algo más de 136 millones de euros. El cambio será simple: se implantará un sistema para que la propia Consejería pueda consultar la vida laboral de todos los trabajadores incluidos en este tipo de expedientes.
Esta medida puede llegar tarde porque, como publicó LA RAZÓN, la UE conoce el fraude y cambiará la gestión de estos fondos, porque «no puede seguir así».