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Sobre la idea de una nueva desamortización de los Montes Públicos

Tiempo de lectura 4 min.

29 de mayo de 2010. 20:53h

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29/5/2010

Hace un par de días formaba el señor D. Jaime Lamo de Espinosa en un diario nacional un artículo en el que propone una nueva desamortización de los montes públicos españoles. No puedo estar en mayor desacuerdo.

Los efectos de la desamortización no pudieron ser más desastrosos para la naturaleza y los montes españoles. Miles de hectáreas desamortizadas fueron arrasadas y deforestadas y la erosión, las inundaciones, lo que hoy es biodiversidad, recreo, paisaje, sumideros de carbono y toda una larga lista de servicios ambientales cuyo valor no tienen precio, se perdieron en muchos casos para siempre en el tráfico mercantil de la venta de unos bienes que, no por estar en las llamadas "manos muertas", carecían de interés para la sociedad española.

Fue entonces, en 1859, cuando el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes, logró salvar de la desamortización 6 millones de hectáreas, que se incluyeron en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública que en España han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza.

Si el argumento para volver a repetir los errores del pasado es que los montes públicos sólo tienen gastos en prevención de incendios y cuidados forestales y muy pocos ingresos, ¿quiere decir esto que cuando pasen a ser montes privados, va a dejar de invertirse en ellos para generar más ingresos? ¿A cuenta de qué?  ¿De la liquidación del suelo, de la recalificación urbanística? Porque si los montes ahora no son rentables, no es porque sus administradores públicos lo deseen, es porque no hay mercado para la mayor parte de sus recursos tradicionales, en la misma medida que no lo hay tampoco ahora para los 12,6 millones de hectáreas actuales de montes privados, incluidos los vecinales en mano común.

Los montes necesitan, por los beneficios que a todos nos proporcionan y por su falta de rentabilidad económica, unas garantías públicas en su gestión que no supone sólo intervencionismo, sino también incentivos a sus titulares, a los selvicultores, para compensar las inversiones que su mantenimiento exige y mantener los beneficios que generan, de los que todos disfrutamos.

Por poner un ejemplo: la calidad del agua de una ciudad como Madrid depende del estado de los montes públicos del Guadarrama, y no puede estar condicionada a los intereses del mercado. Igual ocurre en muchos otros lugares.

Fomentemos nuevas formas sostenibles de aprovechamiento del monte, como la biomasa forestal para energías renovables, que evita los incendios forestales, crea puestos de trabajo y evita la emisión de gases de efecto invernadero.

Si el Estado necesita dinero, no creo que haya que poner a la venta, para paliar el déficit, el Museo del Prado, la Alhambra de Granada o el Monasterio de El Escorial.

 Dejemos que los montes públicos, que son parte sustancial de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente, mantengan sus funciones y sigan garantizando el derecho de todos a disfrutar del medio ambiente, como señala el artículo 45 de la Constitución, y no tratemos de  arreglar los problemas económicos con instrumentos que se demostraron perniciosos para los montes españoles y que causaron hace 160 años daños que aún no han logrado repararse.

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