Ahora vienen las prisas

Las asociaciones de jueces han planteado una serie de quejas al Ministerio de Justicia y han amenazado con una huelga. Por razones políticas, ni Fernández Bermejo ni Zapatero pueden permitirse, en medio de la crisis, el espectáculo de una judicatura en huelga. Y por eso han ordenado una negociación. Ayer lunes se reunieron el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que encontraron «asumibles» las peticiones judiciales. El CGPJ y el Gobierno están dispuestos a subir los sueldos, a nombrar más jueces, con más ascensos, más juzgados y menos carga de trabajo. El PSOE está cuidando sus intereses políticos y el CGPJ, los corporativos. Pero ambos olvidan que los jueces son uno de los Poderes del Estado y, por definición, no pueden hacer huelga, aunque tengan razón; sería romper las reglas del juego democrático. Y la Justicia debe ser punto de consenso entre Gobierno y oposición, de modo que Zapatero no puede buscarse una solución a su medida sin contar con el PP.