El Gobierno se pliega ante los jueces para evitar una «huelga de togas»

Madrid- Las reivindicaciones de los jueces son «asumibles». Esta simple frase puede empezar a apaciguar los ánimos en la carrera judicial, soliviantada desde hace años por la falta de medios materiales y personales. El Gobierno, es indudable, le ha visto las orejas al lobo y, para no pasar a la historia como el Ejecutivo de la primera huelga de jueces de la democracia, ha decidido tender la mano y aceptar sus reivindicaciones históricas. Habrá, sí, un aumento de plantilla, una mejora de sus salarios (aunque no para este año) y de las retribuciones de las guardias. Se suprimirán los traslados forzosos, se creará la figura del «juez volante» (que cubrirá las vacantes ahora ocupadas por interinos) y la nueva Planta Judicial estará lista a comienzos del próximo año. Todos estos compromisos salieron de la reunión ayer de la comisión mixta entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia, de la que dieron cuenta el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo. La reunión llega horas antes de que las Juntas de Jueces se pronuncien sobre una posible huelga (convocada en primer término para febrero y aplazada después hasta junio) y a una semana vista de que los representantes de las cuatro asociaciones judiciales se vean las caras con el ministerio. Éstos son algunos de los compromisos adquiridos en la comisión celebrada ayer:

Más plantilla

Ministerio y CGPJ están de acuerdo. Hacen falta más jueces. Pero mientras Justicia asume que en los próximos cuatro años se crearán al menos las mismas plazas (637) que en los cuatro anteriores, el órgano de gobierno de los jueces considera ese esfuerzo «insuficiente». Para el Gobierno, no sólo se trata de aumentar su número, sino de reorganizar el sistema judicial.

Carga de trabajo

Los jueces con más carga de trabajo deben cobrar más, admite Justicia. Pero, ¿cuánta soporta cada órgano jurisdiccional? La información de la que se dispone es insuficiente. Por eso, el CGPJ elaborará un nuevo sistema de medición de esfuerzos, que estará listo en junio, que permitirá, en palabras de Bravo, «redefinir la carga judicial y determinar el número de jueces necesarios».

«Jueces volantes»

El Ministerio y el CGPJ tiran de terminología futbolística para crear la figura de los «jueces volantes», que se dedicarán en exclusiva a cubrir las vacantes permanentes para paliar la carga de trabajo que ahora asumen interinos. Exigirá un cambio legislativo, porque esta posibilidad está ahora vedada por ley.

Revisar los sueldos

«El sistema retributivo debe ser revisado». Las palabras de Pérez no deben llamar a engaño. Este año, dejó claro el «número 2» de Justicia, no habrá revisión salarial, aunque sí se «corregirá» la situación de las guardias, para que los magistrados cobren de forma correlativa a su mayor responsabilidad (ahora perciben por una guardia las mismas cantidades que el resto de funcionarios del juzgado). «Que los jueces estén bien pagados redundará en beneficio del servicio», recalcó.

Traslados forzosos

El Ejecutivo está dispuesto a terminar con la actual situación de ascensos, que llevan aparejado el traslado forzoso (tras dos años de ejercicio, los jueces adquieren la condición de magistrados). Ésta es, sin duda, una reivindicación histórica de la Carrera para contribuir a conciliar vida profesional y personal. El Ministerio quiere tener redactado el proyecto de ley antes del verano, para que los traslados forzosos de los jueces se eliminen este mismo año.

Nueva oficina judicial

El secretario de Estado se comprometió a que a comienzos de 2010 arranque por fin la nueva Oficina Judicial, el principal ariete del Gobierno para solucionar los males endémicos de la Justicia, que llega con años de retraso. Antes, habrá que impulsar necesariamente reformas procesales.

Sanciones: tema tabú

Ministerio y CGPJ no abordaron una de las iniciativas que más ha soliviantado a la carrera judicial: la anunciada reforma del régimen sancionador de los jueces, una pataleta tras el «caso Tirado». No tocaba. La pelota, insiste Justicia, está en el alero del Parlamento.