Bilbao

Ibarretxe alega que frente al diálogo con Batasuna no puede haber cárcel

La defensa de Juan José Ibarretxe quiere poder demostrar la inocencia del lehendakari y argumentar la legitimidad de los encuentros que mantuvo con la ilegalizada Batasuna, por lo que ha retirado la cuestión previa en la que se pedía la suspensión del procedimiento, que han sostenido el resto de las defensas y el ministerio Fiscal.

Ibarretxe llega al tribunal
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La estrategia del lendakari Ibarretxe en el proceso que le juzga, junto a los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, y cinco miembros de la denominada izquierda abertazle –entre ellos Arnaldo Otegi–, por sus reuniones en 2006 con la ilegalizada Batasuna, dio un giro de 180 grados. De proclamar, una y otra vez, que este proceso no tenía que haber llegado nunca al juicio oral, ayer, a través de su defensa, retiró esa petición y abogó porque se celebrara. El objetivo que persigue no es otro que buscar una sentencia absolutoria en la que quede claro, tal como expuso su defensa, que «hizo lo que tenía que hacer» como máximo responsable del País Vasco cuando se reunió con Batasuna, postura compartida también ahora por el Gobierno autonómico, algo que se encargó de dejar claro el consejero de Interior, Javier Balza.
Esta petición no fue compartida por el resto de las defensas ni por el propio fiscal, quienes reclamaron a la Sala que ponga punto y final a esta causa en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aunque a buen seguro la decisión definitiva estará en manos del Tribunal Supremo. Los magistrados José Antonio Subinas –quien fue propuesto por el PNV en la terna que presentó el Parlamento Vasco al CGPJ–, Manuel Díaz de Rábago –que alabó el «Plan Ibarretxe»– y Juan Carlos Benito-Butrón decidirán el próximo lunes si continúa la vista oral, tal y como solicitaron las acusaciones de Dignidad y Justicia y el Foro Ermua, o decreta el sobreseimiento de la causa.
Las defensas de los dos dirigentes del PSE, las de los cinco miembros de Batasuna y el Ministerio Fiscal argumentaron al respecto que «no puede haber un juicio cuando el único que acusa es la acusación popular», al considerar que es de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo en el llamado «caso Botín».
Por ello, la Fiscalía solicitó que el tribunal «declare en el sentido de inocente a los acusados porque en un procedimiento abreviado como éste, la acción popular no puede ser la única acusación».
Actuación «cabal y legítima»
En cambio, la defensa del lendakari, ejercida por el abogado Miguel Casas instó la continuación del juicio con el objetivo de «demostrar que Ibarretxe y todos los demás son inocentes porque actuaron de una forma cabal y legítima».
En este sentido, lamentó que las acusaciones populares pidan «la cárcel frente al diálogo», y afirmó al respecto que, «frente al diálogo, no hay proceso penal», sino «soluciones».
Actas de las reuniones
 De esta forma, abogó por «entrar en el fondo del asunto», porque «queremos demostrar la inocencia, no sólo del lendakari, sino de todos los demás», toda vez que «lo que hicieron fue legítimo y cabal, que fue dar un paso adelante y buscar soluciones de paz».
Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia, quienes reclaman penas para los acusados que oscilan entre los nueve meses y los cuatro años de cárcel, se opusieron al archivo de la causa y solicitaron que se admita la petición de una comisión rogatoria para que las autoridades de Suiza colaboren y pongan a disposición del tribunal las actas de las negociaciones mantenidas por el Gobierno con la banda terrorista ETA, y que están custodiadas por el centro Henri Dunant.