La Junta obligada a la compra de VPO ya que «el crédito no fluye»

SEVILLA- La Junta materializó ayer una de sus últimas propuestas para tratar de desbloquear las promociones de vivienda protegida que no cuentan con la financiación necesaria de bancos y cajas: comprar, a través de la Empresa Pública del Suelo, parte de esos inmuebles que la propia Administración autonómica impulsa mediante las calificaciones correspondientes. La Consejería de Vivienda firmó un acuerdo con Unicaja, Cajasol, Caja Granada, Cajamar, La Caixa y BBVA que permitirá la construcción de 447 viviendas protegidas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. En concreto, son dos promociones de Cádiz capital; otras dos también de Córdoba capital; una en Alahurín el Grande y otra en Benalmádena; y tres más en los municipios sevillanos de Valencia de la Concepción, Utrera y Tomares. En total, las entidades facilitarán 43 millones, de los que la Junta aportará en torno a un 10 por ciento. La idea parte del reconocimiento implícito de que las condiciones pactadas en el acuerdo de financiación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 que la Junta firmó el pasado mes de noviembre con 32 entidades financieras son demasiado estrictas para que promotores y particulares puedan cumplirlas. Una situación agravada por la crisis económica, lo que hace «que el crédito no fluya», como reconoció ayer el consejero de Vivienda, Juan Espadas. En ese documento, se establece que los aspirantes a adquirir una VPO deben acreditar la permanencia de la renta declarada de hasta tres años, lo que en la práctica supone tener un contrato indefinido con una antigüedad de 36 meses; una relación entre los ingresos declarados y las cuotas de todas las deudas financieras que no supere el 40 por ciento; un importe líquido de los ingresos que, tras el pago de la cuota mensual, no quede por debajo del Salario Mínimo Profesional (624 euros este año); y carecer de impagos anteriores. Como no todos los ciudadanos cumplen estas obligaciones, los bancos no les conceden la hipoteca; y anticipándose a esta tesitura, las entidades prefieren no adelantar el dinero a los empresarios de la construcción. Al final, los pisos, que tienen la calificación de VPO concedida por la Junta, se quedan sin construir.Para evitar esta situación, EPSA, tal y como anunció Espadas en junio en el Parlamento, comprará entre un 10 y un 15 por ciento de promociones «viables». Con esa seguridad y teniendo en cuenta que hay un porcentaje de solicitantes que sí cumplen los requisitos establecidos, los bancos se comprometen a facilitar el dinero a los promotores. La empresa pública entregará esos pisos en alquiler con opción a compra a los que se hayan quedado sin el crédito necesario para comprarlo en propiedad, esperando que en el plazo máximo de diez años su situación financiera cambie. Además, las cantidades entregadas como alquiler se les descontarán de la entrada de la vivienda.Según Espadas, hay un 56 por ciento de promociones con el crédito bloqueado, la mayoría calificadas en los años 2007 y 2008. El objetivo es desbloquear con esta iniciativa unas 5.000 viviendas.