Bolivia expulsa a dos diplomáticos españoles y a la embajadora mexicana tras el incidente en La Paz

Nuevo capítulo de un conflicto diplomático misterioso bajo la sombra alargada del principal socio de gobierno: Podemos. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expulsó ayer a dos diplomáticos españoles y a varios policías en una escalada del incidente ocurrido el viernes pasado en la Embajada de México en La Paz. España, a su vez, respondió a este «acto hostil» expulsando a tres funcionarios bolivianos. El frente sigue abierto.

El Gobierno interino de Bolivia declaró personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, a la embajadora mexicana, María Teresa Mercado y a un grupo de policias españoles a los que dio un plazo de tres días para abandonar el país. El Ejecutivo español en funciones respondió con la misma moneda. Los diplomáticos bolivianos que deberán dejar nuestro país en el mismo plazo de tiempo son: el encargado de Negocios, Luis Quispe Condori; el agregado militar, Marcelo Vargas Barral; y el policial, Orso Fernando Oblitas Siles.

«España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias», señala el comunicado difundido ayer por la tarde por el Gobierno español. «Exigimos que el actual Gobierno interino de Bolivia reconduzca los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación», agrega.

Un día después del oscuro suceso en la Embajada de México en La Paz, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, afirmó que su país «abortó» un plan para sacar de la legación al exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo de derecho de Morales desde que llegó al poder en 2006. El Ministerio de Exteriores de España negó de manera rotunda que la visita de su personal diplomático buscara «facilitar la salida» de funcionarios del gobierno de Morales y aseguró que fue «exclusivamente una visita de cortesía».

La versión de las autoridades españolas ha tenido poco eco entre el Gobierno de La Paz. Áñez solicitó que los diplomáticos abandonasen el país en las próximas horas. Aseguró que hubo «una conducta hostil» de los diplomáticos españoles, «intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia».

Por su parte, la Cancillería mexicana denunció una decisión de «carácter político» e informó que instruyó a su embajadora en La Paz, María Teresa Mercado, a regresar a su país. No obstante, el Gobierno de AMLO ha evitado declarar persona no grata al embajador de Bolivia para tratar de desescalar la crisis.

De hecho, y según las imágenes recogidas por diferentes fuentes, los GEOS españoles solo salieron encapuchados el vehículo diplomático fue atacado. Los tres funcionarios han sido denunciados por la Cancillería boliviana como responsables del incidente registrado en la Embajada de México en La Paz, donde están asilados entre nueve y diez altos funcionarios del ex presidente Evo Morales, tras su dimisión el pasado 10 de noviembre.

Según el nuevo Gobierno boliviano, la encargada de negocios y el cónsul llegaron a la embajada de México, junto con personal «encapuchado y presuntamente armado» de seguridad, con el objetivo de evacuar al exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana. Bolivia ya había enviado a España el sábado una nota de «protesta enérgica», mientras que Madrid negó «rotundamente» que la visita haya sido para «facilitar la salida» de funcionarios afines a Morales y que, en todo caso, se trataba de una visita «exclusivamente de cortesía».

La relación diplomática entre Bolivia y México se había deteriorado antes. El punto de inflexión con las nuevas autoridades de Bolivia se produjo cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó el asilo político al ex líder cocalero, que renunció a su cargo a principios de noviembre tras 21 días de protestas en las calles producto de unas sospechas de fraude electoral en la cita de octubre.

El delegado ante la comunidad internacional del Gobierno interino de Bolivia, Jorge «Tuto» Quiroga, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que «asuma su responsabilidad» por el incidente de la Embajada de México en La Paz y ha relacionado el suceso con la investigación por presunta corrupción que está realizando el nuevo gobierno boliviano contra la consultora Neurona dirigida por un periodista mexicano, César Hernández, colaborador del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

El que fuera presidente de Bolivia entre 2001 y 2002 calificó a Podemos de «agitadores académicos, que ahora son burgueses de chalet en España, que son los que hicieron colonialismo constitucional y ahora quieren venir a hacer colonialismo de complicidad criminal». También sostiene que Pedro Sánchez «debe estar muerto de miedo» de que salga toda la información que tienen Juan Ramón Quintana y Héctor Arce, ex ministros respectivamente de la Presidencia y de Justicia en la etapa de Evo Morales.

Quiroga se refiere a la investigación abierta sobre las supuestas irregularidades del Gobierno anterior. En concreto se estudian ocho contratos que el Ejecutivo andino asignó a la empresa Neurona Consulting, vinculada a Juan Carlos Monedero, y que además ha trabajado para Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de mayo y en las generales de abril. La subvención asignada a Neurona por parte del Gobierno de Evo Morales ascendió a 1,5 millones de euros, aproximadamente. La consultora también pudo participar en la campaña electoral de MAS en 2014. La principal encausada en este proceso es la ex ministra de Comunicación, Gisela López, que se encuentra refugiada en Argentina como su ex jefe.