Ahora sí, ya no hay vuelta atrás. El Reino Unido abandonará la UE el 31 de enero. La reina Isabel II puso hoy su rúbrica a la llamada Ley del Brexit, después de que la normativa concluyera todos sus trámites en Westminster, tras más de tres largos años de intensos debates.

En menos de seis semanas, arropado por la holgada mayoría absoluta cosechada en las últimas elecciones generales de diciembre, el premier Boris Johnson amaestraba así a la fiera que acabó devorando a su predecesora Theresa May.

La salida será ordenada gracias al Acuerdo de Retirada que el líder tory cerró con Bruselas el pasado mes de octubre. El pacto de divorcio debe ser ahora ratificado por el Parlamento Europeo la próxima semana, pero se trata de puro trámite. Terminarán así casi cinco décadas de una tortuosa relación.

Durante el histórico referéndum de 2016, muchos auguraron que “nunca hubo amor, pero la situación no era tan mala como para firmar la separación”. Se equivocaron. En cualquier caso, desde el 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020, tendrá lugar un periodo de transición donde, en la práctica, todo seguirá igual. El Reino Unido continuará en la unión aduanera y el mercado único, con la libertad de movimiento que eso conlleva, mientras Londres y Bruselas negocian las futuras relaciones.

La UE ya ha advertido que once meses es un periodo muy corto para poder cerrar un acuerdo comercial ambicioso, pero el Gobierno de Johnson ha incluido una cláusula en la Ley Brexit que especifica muy claro que, en esta ocasión, no se ampliarán plazos.

Y es que, a pesar de que la normativa se presentó por primera vez en los Comunes en octubre, tras la aplastante mayoría absoluta conseguida en las urnas en diciembre, el primer ministro se ha permitido ahora modelar todos los detalles a su gusto. En este sentido, uno de los grandes cambios incorporados en las últimas semanas es que ahora Westminster ya no tendrá que ratificar previamente los objetivos marcados por el Ejecutivo para esta nueva fase de negociaciones. Asimismo, el Gobierno tampoco está obligado a ir actualizando al Parlamento sobre el transcurso de las conversaciones que marcarán las futuras relaciones con el bloque, situación que, según los expertos consultados, merma la democracia del Reino Unido.

Durante la tramitación de la ley, los Lores aprobaron una enmienda para que el Gobierno otorgara algún tipo de prueba física a los comunitarios residentes que han regulado ya su situación para no quedar como inmigrantes ilegales. Esta siempre ha sido una de las grandes demandas de grupos como “The 3 Million”. El propio Parlamento europeo ha advertido que sin algún tipo de “carné”, los ciudadanos del bloque residentes en el Reino Unido podrían enfrentarse ahora a problemas de “discriminación” a la hora de buscar trabajo o alquiler. En cualquier caso, cuando la normativa regresó a la Cámara de los Comunes, donde los “tories” tiene ahora una amplia mayoría de 80 escaños, la enmienda fue tirada abajo.

Por su parte, el Acuerdo de Retirada ha sido rechazado tanto por el Parlamento de Gales, como el de Irlanda del Norte y Escocia. La votación no era legalmente vinculante, es decir, no se paraliza ahora el proceso. Sin embargo, a nivel político se exponen las tensiones soberanistas que ahora se plantean con el Brexit, sobre todo en el caso de Escocia, cuya ministra principal, Nicola Sturgeon, ya ha solicitado un nuevo referéndum de independencia.

Si las negociaciones de divorcios fueron duras, los expertos advierten que ahora queda la parte más compleja para definir las nuevas relaciones. En este sentido, el plan de Johnson era presionar ahora a Bruselas para conseguir un buen acuerdo comercial, negociando paralelamente un pacto con Estados Unidos. Pero antes si quiera de que hayan comenzado las conversaciones han estallado las tensiones entre Londres y Washington.

Donald Trump -al que al fin y al cabo sólo le importa su lema “America first”- amenaza con imponer aranceles “arbitrarios” a las exportaciones de automóviles del Reino Unido (entre ellos Mini, Bentley o Rolls-Royce) si el Gobierno británico sigue adelante con sus planes de introducir a partir de abril un impuesto del 2% a las grandes compañías tecnológicas (entre ellas, Facebook y Google). En definitiva, queda aún Brexit para rato. (fin).