Venezuela

Un chavismo dividido y contra las cuerdas lanza otra ola de detenciones de opositores

Tres de los diez detenidos en los últimos días son miembros del equipo de Juan Guaidó

Demostenes Quijada, detenido en Venezuela
Demostenes Quijada, detenido en VenezuelaLa Razón

El ingeniero Demóstenes Quijada, asesor muy cercano de Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países, lleva detenido tres días por las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro. Fuentes cercanas a Guaidó han asegurado que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le sometieron a torturas en las instalaciones donde se halla preso y que dichas torturas solo terminaron cuando los agentes encargados descubrieron que se trataba de un ciudadano venezolano con pasaporte español.

Según las mismas fuentes, la Dirección General de Contrainteligencia Militar torturaba a Quijada para sonsacarle el paradero del resto de miembros del equipo de Guaidó, pero al conocer que era español y que la embajada de España en Caracas se había interesado por Quijada, cesaron los maltratos. Ana Carolina Agüero, esposa de Quijada, negó este extremo. «Los abogados lo vieron y él está bien, no lo han golpeado ni lo han maltratado», explicó a este periódico.

La justicia del régimen acusa a Quijada de los delitos de terrorismo, tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y ocultamiento de drogas. La propia esposa de Demóstenes ha asegurado que los funcionarios de la contrainteligencia militar entraron a su residencia y depositaron en varios lugares droga. Asimismo ha contado que los agentes irrumpieron con el argumento de que iban a llevarse a un infectado por coronavirus.

Joel García, el abogado de Quijada, ha afirmado que a su cliente le colocaron dos granadas, un supuesto explosivo y una droga que podría ser marihuana o crispy, hecho con base de marihuana. «No hay experticia que dertermine qué es (la droga) y sin embargo le precalificaron el delito de ocultamiento de droga en menor cuantía», lamentó.

La esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, denunció vía Twitter esta operación: «Aproximadamente 30 funcionarios vestidos de negro, encapuchados, y con armas largas, se llevaron a Demóstenes envueltos en sábanas, desvalijaron su casa, se llevaron su carro y el de su esposa». Fuentes cercanas a Guaidó aseguran que ya son diez miembros de su equipo los que han sido «secuestrados» por las autoridades venezolanas.

En las últimas horas también fueron detenidos los venezolano-españoles Víctor Silio y Sergio Termini, dos personas del entorno del líder antichavista. Maury Carrero, asistente del encargado de atención ciudadana de la Asamblea Nacional, y Rómulo García, miembro del equipo de seguridad de Guaidó, también han sido detenidos la semana pasada en plena ola de detenciones contra el bloque opositor.

La diputada Delsa Solórzano ha señalado que existe «un patrón» de conducta en el que cuerpos de seguridad del Estado acuden a una vivienda alegando buscar afectados con coronavirus para después retenerlos.

Un régimen más débil

Los arrestos se producen días después de que Estados Unidos ofreciera al régimen venezolano un plan de transición que culminaría con la celebración de elecciones libres. El proceso estaría dirigido por un consejo de Estado formado por cinco personas, en el que no estarían ni Maduro ni Guaidó. A cambio, la Casa Blanca ofrece levantar las sanciones a los jerarcas chavistas que están en la lista negra de EE UU y el levantamiento de los cargos delictivos contra Maduro.

La ofensiva de Trump contra el chavismo ha debilitado aún más la economía del país, azotada por la caída del precio del petróleo y la hiperinflación. A ello se suma la crisis sanitaria y la incertidumbre derivada por el coronavirus.

La propuesta de administración Trump, que ha sido respaldada por la Unión Europea y diferentes países de América Latina, ha aumentado las tensiones internas en la elite chavista y habría abierto nuevas divisiones en la cúpula, donde varios dirigentes estarían dispuestos a aceptar las condiciones de un plan que les asegura una amnistía y la posibilidad de seguir disfrutando de sus bienes.