“Alex Saab maneja la relación con los cárteles y protege el dinero mal habido de Maduro”

Julio Borges, canciller del gobierno interino de Juan Guaidó, afirma que Nicolás Maduro está tratando de negociar y “burlar a la justicia” tras el arresto del empresario Alex Saab, señalado como testaferro del líder chavista y que fue detenido la pasada semana en Cabo Verde.

“Para Maduro es tan importante el tema de Alex Saab que inmediatamente se conoció la noticia de su captura, salió un avión de PDVSA con una comitiva con abogados para tratar de burlar la justicia. La dictadura busca impunidad”, dijo en declaraciones a W Radio.

En su cuenta de Twitter, Borges aseguró que Saab “es el principal testaferro de la dictadura; maneja negocios opacos de PDVSA, oro, alimentos, alianza con Irán, relación con carteles y protege el dinero mal habido de Maduro y Cilia Flores”.

En la misma entrevista Borges aseguró que “Maduro tiene tres soportes: el de Cuba, que es el que le da todo el know how de dictadura, el de Irán ahora con la gasolina y apoyo político y el crimen organizado. Y (en) esos tres soportes Alex Saab era la pieza fundamental. Era testaferro personal de Maduro, su esposa y su familia, manejaba el negocio de la alimentación, del petróleo, las viviendas, la gasolina, la comercialización ilegal del oro”.

El empresario colombiano, nacido en la caribeña Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL) que es acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Prisión preventiva en Cabo Verde

La Justicia de Cabo Verde decretó este domingo prisión preventiva para Saab, confirmó hoy a Efe el procurador general de este país insular de África occidental, José Landim. Saab tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra esa medida coercitiva ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Cabo Verde, explicó Landim.

A la espera de saber si apela el empresario y, “de acuerdo con la legislación de Cabo Verde, los Estados Unidos ahora tienen 18 días (a partir del este pasado domingo) para presentar una solicitud de extradición”, señaló el procurador general de la República. “Cabo Verde -prosiguió- no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de las Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace”.

Un funcionario del Gobierno estadounidense dijo en julio del año pasado que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con "cientos de millones de dólares".

El Departamento de EEUU también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EEUU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para lavar dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.

Expropiación de bienes

El anuncio de su detención fue hecho tan solo cuatro días después de que la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles que "harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares".

Según esa institución, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en Barranquilla. Entre ellos hay una mansión avaluada en 28.000 millones de pesos (unos 7,7 millones de dólares), dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes, informa Efe.

“Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles seas vendidos antes de las diligencias de ocupación”, agregó la Fiscalía en un comunicado publicado el martes.