La Justicia británica reconoce a Guaidó y no a Maduro como presidente legítimo de Venezuela

Reino Unido ha dado su apoyo inequívoco a Juan Guaidó como líder de Venezuela después de que el Tribunal Superior británico haya recalcado este jueves que se trata de la persona legitimada para gestionar los lingotes de oro que desde hace tiempo protagonizaban la gran disputa entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de Inglaterra, en cuya bóveda se encuentran los lingotes valorados en un millón de dólares.

Nicolás Maduro los había reclamado para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, el Banco de Inglaterra había rechazado la solicitud, expresando sus dudas sobre la autoridad de esa directiva, argumentando que el Reino Unido reconoció el año pasado (junto a otros 50 países) como gobierno legítimo al líder opositor.

El Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, se querelló el pasado mes de mayo ante el tribunal londinense para recuperar el oro. El juez Nigel Teare debía decidir si era la junta del BCV designada por Maduro o la “ad hoc” nombrada por Guaidó la que estaba legitimada para gestionar las reservas depositadas en jurisdicción británica, en concreto, 31 toneladas de lingotes por valor de unos 1.300 millones de euros.

Para ello, Teare debía determinar primero a qué político el Ejecutivo del Reino Unido aceptaba verdaderamente como gobernante de Venezuela: a Guaidó, a quien el 4 de febrero de 2019 “reconoció” en un comunicado como “presidente constitucional interino” hasta que haya “elecciones creíbles”, o a Maduro, con cuyo Gobierno mantiene relaciones diplomáticas. Y en la sentencia de este jueves se ha decantado por el primero, una decisión, que sin duda alguna, creará tensiones con Caracas.

Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare ha concluido que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.

El magistrado también ha decidido que “no es justiciable” -es decir, que la Corte no puede someter a examen- la legalidad en base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas.

El dictamen de hoy, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró “en medio de las partes” en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.

Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el Tribunal podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, que le acusó de incumplimiento de contrato al no cumplir su petición de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la covid-19en Venezuela.

El dictamen de hoy servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.

Durante el proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como “presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones”, en la práctica “mantiene lazos diplomáticos” con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.

Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a la doctrina de "una sola voz" aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.

Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela sin someterlos a escrutinio, debido, sostuvo, a que “no son justiciables” en jurisdicción británica.