Venezuela

EE UU afianza a Guaidó con nuevas sanciones al chavismo

Crecen las presiones internacionales contra el régimen ante los comicios parlamentarios de diciembre. La Unión Europea estudia la petición de Maduro de enviar observadores mientras la oposición se muestra incapaz de ofrecer unidad

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaido
El presidente interino de Venezuela, Juan GuaidoSTRINGERREUTERS

Estados Unidos ha ratificado esta semana su respaldo irrestricto al gobierno interino deJuan Guaidó en Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional, y a las rutas políticas que el líder opositor marca para combatir la dictadura de Nicolás Maduro. Ello pasa por desconocer las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen para el próximo 6 de diciembre, calificadas por el parlamento venezolano como una “farsa”.

Y no es solo retórica. El viernes, la Oficina de Control de Activos La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro en Washington sancionó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, al rector José Luis Gutiérrez -que se dice antichavista-, al procurador de Nicolás Maduro, Reinaldo Muñoz, y a un político de vieja data llamado David De Lima.

A los rectores los acusó de “socavar la democracia” por convocar unas elecciones parlamentarias sin garantías, al procurador por la defensa de Maduro en las disputas internacionales y a De Lima lo asociaron con la operación de compra de diputados de la oposición en la Asamblea Nacional, para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento en enero pasado.

La respuesta del canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, no se salió del libreto de otras medidas similares: son una violación del derecho internacional, atentan contra la soberanía de Venezuela, y no tendrán efecto práctico dentro del país. Ninguno de los afectados reaccionó a las medidas.

En las próximas semanas pudieran salir más sanciones de la administración de Donald Trump hacia quienes impulsen el evento electoral, y por tanto “avalen” unas votaaciones de pantomima.

Otro aliado internacional de Guaidó hizo lo propio: el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil resolvió declarar ‘personas non gratas’ a los representantes de Nicolás Maduro en esa nación, al declararlos personas non gratas. La decisión recae sobre el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada de Caracas en suelo brasileño, cuyo gobierno reconoce la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El Ministerio de Exteriores de Brasil aclaró que la medida no incluye la expulsión de las personas pero sí una pérdida de los estatus diplomáticos.

La Unión Europea informó este viernes que se encuentra “estudiando cuidadosamente” la invitación de la administración de Nicolás Maduro para observar las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.

En contraste, la Unión Europea está evaluando la petición de Maduro, con supuestas “condiciones electorales acordadas”, de que el bloque envíe observadores y acompañantes internacionales para los comicios. Así lo confirmó el portavoz de la diplomacia europea Peter Stano a la agencia Bloomberg. “Estos contactos son particularmente importantes dado el breve calendario electoral y la necesidad de tener elecciones libres, inclusivas y transparentes”, expresó mientas destacó que la misiva que recibieron incluye entre otros puntos “ajustes” al cronograma electoral.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, abogó por el aplazamiento de las elecciones el pasado 11 de agosto, alegando que no existen condiciones para organizarlas ni para que la UE enviara una misión de observación electoral.

El Gobierno español también se pronunció al respecto indicando que aún no están dadas condiciones para considerar como democráticas unas elecciones, pero destacando la decisión de Capriles como “un elemento muy interesante”.

Se refieren a la irrupción esta semana del ex candidato presidencial Henrique Capriles llamando a participar para “aprovechar cualquier rendija” para recuperar la democracia y desafiando la postura de la oposición institucional reunida en el parlamento y que incluye a más de 27 partidos políticos. Una de las consecuencias de tal llamado ha sido una andanada de insultos y acusaciones de traiciones entre políticos opositoes que hasta hace apenas días se respaldaban como compañeros de lucha.

El suyo, Primero Justicia, también está en el centro del candelero. Por una parte, resolvió ratificar después de dos días de reuniones su postura de no avalar la farsa electoral de Maduro y anunció que cualquier militante de su organización que desconozca esa decisión y se postule como candidato abandonará la militancia. Pero Capriles no se postulará aunque impulse las votaciones, por lo que su membresía, por ahora, permanece incólume. Una manera de no echar a los leones al líder más importante que tiene esa tolda al menos desde hace un lustro.

Por la otra, el Tribunal Supremo anuló la intervención que hizo en junio pasado, cuando le entregó el control de los símbolos e instrumentos electorales a los llamados “alacranes”, que son diputados acusados de haberse vendido al régimen para desbancar a Guaidó de la jefatura parlamentaria. Pero la medida no regresó el control partidista a sus autoridades legítimas sino que el Poder Judicial controlado pro Maduro se reserva un futuro nombramiento.

Entretanto, Capriles controla otro partido, uno que solo se ha usado como instrumento electoral: La Fuerza del Cambio. Informaciones generadas desde el Consejo Nacional Electoral confirman que esa organización postuló candidatos para el 6 de diciembre.

El excandidato presidencial, por otra parte, continúa negociando con el régimen con un punto clave, que no se ha logrado resolver: la exigencia de posponer las elecciones del 6 de diciembre debido a la pandemia y para permitir reconsiderar condiciones electorales. Para ello, el régimen de Maduro cuenta con una carta que le permitiría aceptarlo y “salvar la cara”, un recurso judicial que varios académicos introdujeron al Tribunal Supremo pidiendo la suspensión del proceso hasta que se corrijan las ilegalidades en vigor hasta ahora.